Perú: Advierten peligros de “inconstitucional” decreto pro gay del gobierno

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REDACCIÓN CENTRAL, 09 Ene. 17 (ACI).- Expertos advirtieron una serie de peligros tras la publicación del decreto legislativo 1323 –con rango de ley–, publicado por el gobierno peruano el 6 de enero. La disposición del gobierno modifica el Código Penal para incluir como agravante para los delitos la “intolerancia o discriminación”, por, entre otros motivos, la “orientación sexual” y la “identidad de género”.

En septiembre de 2016, el Congreso de Perú otorgó facultades legislativas por 90 días al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, “en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento, y reorganización de Petroperú”. El plazo para que el Poder Ejecutivo emita decretos legislativos finalizó el 6 de enero de 2017.

En la modificación al artículo 323 del Código Penal, el decreto legislativo del 6 de enero establece “pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de tres años” o  “prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas” para estos casos.

En declaraciones para ACI Prensa, el abogado Juan Puertas advirtió que “la ley, así como está redactada, es un peligro de censura en todos los temas jurídicos y políticos que involucren a la población LGTB (lesbianas, gay, transexuales y bisexuales) o feminismo entre otros, dado que pueden alegar que por opiniones se está pretendiendo ‘limitar derechos’, y hoy sabemos que cualquier reclamo político es vestido bajo la figura de supuestos ‘derechos’”.

Puertas señaló que la ley promulgada por el gobierno peruano “como se encuentra es inconstitucional no solo por exceder las facultades delegadas por el Congreso sino por no cumplir con el principio de tipicidad”.

Además, advirtió, “existe un peligro de persecución judicial”.

Para Sergio Burga, investigador del Population Research Institute (PRI), el decreto legislativo 1323 “es un claro ejemplo de cómo el gobierno de Kuczynski pretende introducir la ideología de género”.

Con este decreto, dijo Burga a ACI Prensa, “queda al descubierto que cuando en el Currículo Escolar de Educación Básica hablan de ‘enfoque de género’, no se trata de nada parecido a la igualdad entre hombres y mujeres. En este decreto se refieren a ‘orientación sexual’ e ‘identidad de género’”.

El investigador del PRI señaló que “esta ley es igual a la que se ha aprobado en otros países y con la cual persiguen a todo opositor de los grupos políticos LGTB. Con este tipo de ley se han puesto multas y hasta cárcel a quienes no comparten la ideología de género”.

Burga recordó que Carlos Bruce, hoy congresista miembro del grupo político de Kuczynski, presentó en el pasado un proyecto de ley muy similar, conocida como “crímenes de odio”, que “fue rechazada en el Congreso, tanto en la Comisión de Justicia como en el Pleno”.

Por su parte, Puertas señaló que, entre sus problemas formales, el decreto legislativo del gobierno peruano “excede las facultades que se brindaron al gobierno para legislar”.

Entre las facultades que le otorgó el Congreso para legislar, dijo el jurista, solo se contemplaban “asuntos de delitos relacionados contra la mujer, pero vemos que este gobierno viene nuevamente a jugar con la vaguedad del concepto de género para incorporar a las poblaciones LGTB”.

En el problema de fondo, dijo, esta ley crea “privilegios no justificados, lo que genera discriminar a los demás sectores de la población. Es decir, los delitos cometidos contra determinado grupo de sujetos es más grave que los demás”.

“Esto sí es discriminatorio”, señaló.

Puertas advirtió también que el decreto legislativo “pretende evitar” que los servidores civiles “puedan ejercer su derecho a la objeción de conciencia”.

“Y es que la objeción de conciencia siempre encuentra al frente la alegación de otro derecho como el caso del panadero que se niega a preparar la torta de bodas a una pareja homosexual, o del médico que se niega a practicar el crimen del aborto, o el funcionario que se rehúsa a casar una pareja homosexual o el médico que se rehúsa a aplicar la eutanasia, o recetar anticonceptivos a menores de edad”, indicó.

“Esta agravante viola también la Constitución”, dijo.

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— ACI Prensa (@aciprensa) 17 de diciembre de 2016

Fuente: AciPrensa