La fiscal que quiere juzgar a EEUU por crímenes en Afganistán

25.11.2016 – 05:00 H. – Actualizado: 20 H. Es la mujer más temida por los criminales de guerra, imparable si se trata de hacer justicia. Fatou ...

25.11.201605:00 H. – Actualizado: 20 H.

Es la mujer más temida por los criminales de guerra, imparable si se trata de hacer justicia. Fatou Bensouda se pasea por los pasillos de la Corte Penal Internacional (CPI) vestida con atuendos originales de su país, Gambia, porque su cultura, como ella siempre insiste, la lleva en la sangre y con orgullo. Recibe a El Confidencial en una de las múltiples salas del edificio de este tribunal, entre reunión y reunión, siempre ajetreada pero dispuesta a resolver dudas. Con la cabeza bien alta, una larga carrera a sus espaldas, un carácter imponente y una mirada confiada, se dirige a su equipo con firmeza dando órdenes de investigar a unos, y perseguir a otros. “Hay muchas causas abiertas”, suspira.

Bensouda es la actual fiscal general del único tribunal que ha sido capaz de procesar a líderes mundiales que han cometido crímenes atroces contra su propia gente. No le tiembla la voz cuando promete llevar a prisión a los genocidas y los tiranos, sin diferencia de raza, color, género o nacionalidad. “Estoy totalmente convencida de todo lo que hago y ejerzo mi trabajo siempre con independencia, sin miedos, o favores. Mi máxima es la justicia”, subraya, antes de comenzar a destripar uno de los casos más polémicos del momento.

En su punto de mira tiene ahora al expresidente George W. Bush y los soldados estadounidenses que camparon a sus anchas por Afganistán durante más de una década. Ella considera que hay “evidencias claras para creer que se cometieron crímenes de guerra, torturas y un trato inhumano”, al menos durante el periodo que su equipo ha estado estudiando, entre 2003 y 2004. “Esto no es una investigación oficial, estamos todavía haciendo los estudios preliminares del caso”, dice, en un intento de quitarle hierro al asunto. “No estamos eligiendo un blanco, ni diciendo que alguien es un criminal. Estamos viendo, hablando, debatiendo”, reitera la fiscal de más alto rango de la CPI, cargo que ocupa desde 2012, reemplazando a Luis Moreno Ocampo, de quien fue fiscal adjunta a partir de 2004.

Según las pruebas con las que cuenta hasta ahora su oficina, los delitos que se habrían cometido son crímenes contra la humanidad, que vienen recogidos en el artículo 7 del Estatuto de la CPI, y señalan casos de tortura, privación de libertad o asesinato. Además, las fuerzas estadounidenses también habrían incurrido en crímenes de guerra, una violación recogida y explicada en el artículo 8 del mismo estatuto. En esto, la oficina de Bensouda explica que la lista es larga: tratos crueles, atentado contra la dignidad de las personas, ejecuciones sin juicio previo o ataques intencionados contra la población civil.

La fiscal Fatou Bensouda espera el comienzo del juicio contra el comandante ugandés del Ejército de Resistencia del Señor Dominic Ongwen, el 26 de enero de 2015 (EFE)La fiscal Fatou Bensouda espera el comienzo del juicio contra el comandante ugandés del Ejército de Resistencia del Señor Dominic Ongwen, el 26 de enero de 2015 (EFE)

Pero, como señala Bensouda, a la Fiscalía le siguen llegando informes y denuncias. Es decir, lo que tiene ahora puede ser suficiente –eso no lo quiere revelar- pero no es lo único que hay. “Yo solo quiero exigir que se rindan cuentas”, insiste. Se iniciaría una investigación formal si tienen pruebas sólidas. De momento, la información reunida señala, entre otras, que en Afganistán se cometieron “torturas, uso de civiles como escudos humanos y reclutamiento de niños soldado para que participen en hostilidades”. Lo que queda por determinar, y que la fiscal no revela, es quién cometió esos crímenes y qué alcance tuvieron. Su informe señala a los estadounidenses, a los talibanes, y a las fuerzas del Gobierno afgano, sus servicios secretos y su policía. Todos han tenido parte de culpa, y ninguno escapa a la lupa de esta fiscal.

“Es hora de ver qué ha pasado en Afganistán”

Un ejemplo señalado es el bombardeo aéreo llevado a cabo por las fuerzas estadounidenses el 3 de octubre de 2015 contra un hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Kunduz. Ese ataque causó la muerte de 22 personas, incluidos 12 empleados de la organización humanitaria y 10 pacientes, además de la destrucción del edificio. “Dirigir intencionalmente ataques contra hospitales o lugares donde se refugian enfermos y heridos” constituye un crimen de guerra, según el artículo 2 del Estatuto de Roma.

“Este tema ya se ha alargado demasiado, y es hora de atenderlo, de revisar qué ha pasado durante esos años en Afganistán y de aclarar las cosas”, dice la fiscal, una de las mujeres africanas y musulmanas más poderosas y temidas en el mundo, según varias revistas. Su sueño, ya desde que era una chavala de la ciudad de Banjul que aspiraba a acceder algún día a la universidad y estudiar Derecho, es pararle los pies a los dictadores de algunos países africanos, aquellos que no conocen de derechos humanos ni humanidad. Se crió entre injusticias sociales, en una familia musulmana, y era hija de un padre polígamo. Después de estudiar en la Universidad de Ife, en Nigeria, empezó una carrera sin frenos ejerciendo como asistente de la ONU en Derecho Marítimo, y escalando puestos durante veinte años en la Justicia pública de Gambia. Después saltó a la esfera internacional como asesora jurídica en el Tribunal Penal para Ruanda, que procesa el genocidio cometido en ese país en 1994.

El Tratado por el que se estableció la Corte fue firmado por más de 120 Estados, pero en concreto EEUU, junto a Rusia, China, y varios países de África y Oriente Medio, nunca llegaron a ratificarlo. Otros se han retirado, precisamente los últimos meses. Sudáfrica, Burundi y el país de origen de Bensousa, Gambia, así como la propia Rusia. Estos países tildan de “sesgado” este tribunal y denuncian que solo se ha centrado en procesar a los líderes africanos, ignorando los crímenes cometidos por otros Estados occidentales, en palabras de varios ministros africanos.

Un miembro de MSF en Afganistán observa los daños del hospital destruido en un bombardeo estadounidense en Kunduz, en octubre de 2015 (EFE)Un miembro de MSF en Afganistán observa los daños del hospital destruido en un bombardeo estadounidense en Kunduz, en octubre de 2015 (EFE)

De hecho, el pasado febrero la Unión Africana dio su respaldo a una iniciativa keniana para “una retirada progresiva” de las naciones africanas de esta corte. El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, hizo esta propuesta tras ser incluido por Bensouda en la lista de criminales que deben ser procesados por la CPI. La fiscal responde a este motín africano. “Estoy totalmente comprometida y decidida a seguir adelante, mientras siga siendo la fiscal de este tribunal. Hay muchos desafíos, todo hay que decirlo. Pero uno debe esperarse la existencia de esos retos en la naturaleza de este trabajo que estamos haciendo”, justifica.

Antes de mudarse a La Haya, Bensouda fue abogada de gran reputación y una guerrera fiscal general en Gambia. Se las conoce todas. Explica que la existencia de esta corte se justifica precisamente en “la rendición de cuentas de aquellos que creen estar por encima” de los derechos humanos básicos y cometen crímenes contra su propia gente. “Ellos intentarán desacreditar el trabajo de esta institución, o la oficina a la que yo represento, pero seguiremos exigiendo justicia”, insiste.

Un jefe cuestionable

No obstante, no pareció importarle pasarse al lado oscuro cuando Yahya Jammeh, actual presidente de Gambia, dio un golpe de Estado en 1994. Primero se convirtió en su asesor legal, después -1998- en ministra de Justicia de la República Islámica de Gambia, hasta que en el año 2000 fue despedida. Jammeh es constantemente denunciado por violación de los derechos humanos, encarcelamiento y asesinato de homosexuales, persecución de periodistas, o detención de personas bajo acusación de brujería. Este líder africano es considerado uno de los peores dictadores del mundo. Bensouda parece recordar con incomodidad esa etapa de su vida en la que fue parte del Gabinete de Gambia. Ahora, dice, está “completamente comprometida” con su trabajo al mando de la fiscalía general de la CPI y “no” le tiene “miedo” a nadie.

“Esta corte es de última estancia, no debería ser de primera”, incide, en un momento en el que esta institución se encuentra bajo una importante presión para demostrar a sus Estados miembros que se trata de un tribunal imparcial en sus objetivos y procesamientos. “Lo que hay es una falta de entendimiento del trabajo de la corte y de aprecio por qué esta institución fue creada”, justifica. Según la fiscal, el CPI tiene una “jurisdicción determinada” y no puede ir más allá en sus actuaciones. “Al no poder actuar donde no tenemos poder, la Corte adquiere la mala imagen, o lo que algunos nos llaman: institución con doble rasero. Nosotros actuamos en base a unas normas, no tenemos nada que ver con la política”, sentencia, con un evidente enfado.

El presidente de Gambia Yahya Jammeh llega a una cumbre africana en Abuja, Nigeria, en diciembre de 2015 (Reuters)El presidente de Gambia Yahya Jammeh llega a una cumbre africana en Abuja, Nigeria, en diciembre de 2015 (Reuters)

Y es que la cuestión de Afganistán ya le está dando dolores de cabeza, incluso antes de empezar un proceso oficial. Fueron muchas las imágenes y las denuncias que se han sucedido en los últimos años en relación a lo ocurrido en ese país durante la invasión estadounidense. “No sabemos si iniciaremos un proceso judicial; primero debemos concluir los estudios para determinar qué tipos de crímenes fueron cometidos, la gravedad de los mismos, el interés que tiene eso para la justicia y si está en beneficio de las víctimas”, explica. Y advierte que también es importante “la complementariedad”, es decir, si ya hay algún tribunal inferior investigando esos crímenes. “Si no hay nadie más haciendo ese trabajo, nos encargaremos nosotros”, advierte, sin señalar a nadie. Si no se ha hecho hasta ahora, es por falta de cooperación y recursos, denuncia.

Bensouda ha crecido profesionalmente en La Haya, donde está viviendo actualmente con su marido, un empresario de Gambia, y sus dos hijos. Una mujer de leyes que ha sabido compaginar su papel de madre con el de fiscal. Ahora tiene 55 años, y muy poco tiempo para otras tareas. “Estamos viendo que se cometen muchos crímenes por todo el mundo”, reconoce. Hace una semana presentó una especie de hoja de ruta, los derechos de los niños, que sigue a su compromiso del año anterior, en relación con la situación de las mujeres en los conflictos armados. “Niños y mujeres son siempre los más afectados por las guerras, y quiero que todo el mundo tenga claro y transparente las consecuencias que van a tener sus actos. Mi oficina está determinada a llevarlos ante la justicia, sin diferencias, porque nadie está por encima de la ley”, advierte.

Ella y su equipo siguen recibiendo información sobre los crímenes supuestamente cometidos en Afganistán, y necesita atender esos y otros quehaceres. “Justo ahora tengo una reunión de alto nivel sobre esa cuestión, Afganistán, porque seguimos estudiando información y es cuestión de tiempo que anunciemos si seguimos adelante con la investigación o hay que dejarlo de lado”, señala.  E interrumpe esta entrevista para salir disparada hacia aquel encuentro que podría tener la información clave para llevar al intocable Estados Unidos al banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional

Fuente: ElConfidencial.com