Apoyo del Estado chileno a agenda gay se basa en “farsa” y “traición”, denuncian

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SANTIAGO DE CHILE, 11 Jul. 16 (ACI).- El abogado chileno y director ejecutivo de la plataforma Comunidad y Justicia, Tomás Henríquez, calificó como una “farsa” y una “traición” la “solución amistosa” que firmó el Estado chileno y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), el pasado 11 de junio.

El acuerdo fue mediado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y puso fin a la demanda internacional que interpuso el Movilh en 2012 contra el Estado por denegar el matrimonio a tres parejas homosexuales.

Henríquez, experto en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Georgetown, aseguró a través de una columna publicada el 5 de julio en el Mostrador que los detalles del acuerdo firmado por el Movilh y el Estado hace “más evidente que el Gobierno ha obrado dolosamente”.

Los “compromisos” firmados por el Gobierno en favor del lobby gay fueron: presentar una propuesta de reforma al matrimonio, reformar la Ley Zamudio (contra la discriminación), establecer la adopción homoparental y el acceso pagado a la fertilización asistida y una ley de reconocimiento y protección al derecho a la identidad de género, entre otros.

“O el Estado presentó a los peores negociadores del mundo ante la Comisión o, simplemente, se trata de la más descarada maniobra para hacer pasar como un acuerdo internacional lo que a todas luces es un ‘arreglín’ del Gobierno para enchufar la agenda de uno de los grupos de presión más poderosos de Chile (lobby gay)”, denunció.

“Los términos de este acuerdo espurio pueden ser queridos por el Gobierno, pero de ninguna forma obligan al Estado a aprobar estas iniciativas, ni menos obligan a los legisladores a prestar su voto favorable”, arguyó.

“No tengo ninguna duda de que el Gobierno tratará de engañar a la población sosteniendo que esta es una obligación a cumplir y amenazará a los legisladores con lo mismo. Pero lo que ha hecho en este caso es una abierta traición a nuestra soberanía nacional y violencia contra la institucionalidad”, enfatizó Henríquez.

“Aceptar una solución amistosa como la de este caso implica reconocer que Chile ha violado los derechos humanos”. Pero, “aquí no ha existido violación y no es posible concluir, contra el derecho vigente, que Chile incurre en responsabilidad por no reformar la institución matrimonial”, agregó.

Etapa prelegislativa

El pasado 1 de julio el Gobierno presentó el cronograma de trabajo prelegislativo del proyecto de ley del llamado “matrimonio igualitario” (entre personas del mismo sexo).

Como primera medida anunció que se creará un comité interministerial conformado por las carteras de Justicia, Educación, Salud, Secretaría General de la Presidencia, Secretaría General de Gobierno y otros organismos.

Además, comprometieron el envío del proyecto de ley a más tardar para julio de 2017; tres seminarios durante noviembre de este año; una campaña comunicacional a nivel país y la fusión de siete iniciativas que ya existen en el Congreso para, reforzar y acelerar la tramitación del proyecto de ley.

Todo esto pese a que desde 2015 Chile cuenta con el Acuerdo de Unión Civil (AUC) que regula los efectos jurídicos de la convivencia como el régimen patrimonial, salud y herencias, entre parejas del mismo sexo y heterosexuales.

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— ACI Prensa (@aciprensa) 16 de junio de 2016

Fuente: AciPrensa