Abusos masivos y violaciones: las denuncias contra la firma que ha comprado Ferrovial

30.04.2016 – 12:52 H. Ferrovial se hizo ayer con la compañía australiana Broadspectrum después de asegurarse el éxito de la oferta pública de adquisición ...

30.04.201612:52 H.

Ferrovial se hizo ayer con la compañía australiana Broadspectrum después de asegurarse el éxito de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA). En clave empresarial, el grupo que preside Rafael del Pino logra así su objetivo estratégico de desembarcar con su filial de servicios en el mercado australiano, así como en el estadounidense, ya que Broadspectrum mantiene una filial en EEUU. 

Pero la noticia se explica en clave muy distinta en Australia, donde Broadspectrum ha cultivado una una dudosa reputación por generar la mayor parte de sus ingresos gestionando los polémicos centros de internamiento de inmigrantes y refugiados que el estado australiano mantiene fuera de sus fronteras, en pequeñas islas del Pacífico y países como Papúa-Nueva Guinea. Diferentes organizaciones no gubernamentales denuncian desde hace años que allí se vienen produciendo “abusos graves de derechos humanos a una escala masiva”, desde violaciones hasta esclavismo.

Uno de estos centros, el de Manus, tendrá que cerrar después de que el Tribunal Supremo de Papúa-Nueva Guinea haya decretado su inconstitucionalidad esta misma semana. Los cinco jueces de la Corte consideraron esta semana que el recinto atenta contra la sección 42 de la Carta Magna del país, que garantiza la libertad personal. La instalación aloja aún a alrededor de 850 personas, la mitad de los cuales son considerados refugiados legítimos. El diario ‘Financial Times’ interpreta que dicha sentencia ha servido precisamente para precipitar la venta de Broadspectrum a Ferrovial, ya que muchos accionistas temen que tenga un impacto en los números de la empresa, pudiendo perder sus millonarios contratos con el gobierno australiano.

La controvertida “Solución del Pacífico”

Los centros de internamiento que gestiona Broadspectrum son consecuencia de la controvertida política de asilo desplegada por el Gobierno australiano desde hace década y media. En 2002, el ejecutivo de John Howard lanzó la llamada “Solución del Pacífico”, que consistía en que, para evitar las responsabilidades derivadas de la legislación internacional sobre asilo, aquellos solicitantes interceptados en el mar no serían enviados a la propia Australia territorial sino a islas del Pacífico, donde se evaluarían sus peticiones.

Se trataba de un intento deliberado de disuadir a aquellos que trataban de llegar en patera a suelo australiano, dificultando muchísimo el proceso de obtención de asilo. Por ello, Canberra firmó acuerdos con Papúa-Nueva Guinea y Nauru para la creación de estos centros de detención, a cambio de sustanciosas cantidades: para Nauru, un país sin apenas riquezas naturales ni capacidad de explotarlas, el centro de detención de inmigrantes supone su principal fuente de ingresos.

Cuando retienes a alguien durante tres años sin acceso a cuidados médicos hablamos de un auténtico ataque contra los derechos humanos

La “Solución del Pacífico” fue parcialmente revocada en 2008 por el Gobierno laborista de Kevin Rudd, y a los solicitantes que quedaban en los centros -en su mayoría refugiados de Birmania y Sri Lanka- se les garantizó derechos de residencia en Australia. En 2012, sin embargo, los centros fueron reabiertos, y desde entonces los escasos afortunados que han logrado asilo han sido realojados en Nauru, Papúa o Nueva Guinea, pero en ningún caso en territorio australiano.

Desde su reapertura, la empresa Transfield (así se llamaba antes de rebautizarse Broadspectrum) se ha ocupado de la seguridad de los campos tanto de Manus como de Nauru, y, desde 2014, también de los servicios sociales de las instalaciones, en algunos casos en cooperación con la ONG Save The Children Australia.

Gestionar un centro de este tipo es, sin duda, difícil. En julio de 2013, por ejemplo, se produjo un violento motín en Nauru en el que los internos incendiaron casi todos los edificios del recinto, causando daños por valor de 60 millones de dólares australianos. Pero Transfield/Broadspectrum ha sido duramente criticada por no cumplir los estándares de protección de los internos necesarios en estos casos.

La verja del campo de Manus, en Papúa-Nueva Guinea (Reuters)La verja del campo de Manus, en Papúa-Nueva Guinea (Reuters)

Marihuana por sexo con menores

Según un informe de la ONG No Business in Abuse, tanto en Manus como en Nauru se vienen produciendo “abusos graves de derechos humanos a una escala masiva, que violan 47 leyes internacionales”. La seriedad de estas irregularidades va desde el confinamiento prolongado o la negación del derecho a la salud al maltrato, el uso de la fuerza contra los internos e incluso violaciones. “Abusos sexuales e incidentes serios de daños autoinflingidos ocurren regularmente”, asegura el informe.

Algo que sigue ocurriendo a día de hoy: esta misma semana ha muerto a causa de sus heridas un solicitante de asilo iraní de 23 años que se había prendido fuego a modo de protesta. De acuerdo con los expertos, este tipo de autolesiones se producen por la presión psicológica a la que están sometidos los internos de los campos. A modo de ejemplo, en el centro de Manus entre 2012 y 2014 murieron más jóvenes de los que fueron realojados.

“Hablamos de abusos muy serios de derechos humanos. La sentencia del Tribunal Supremo considera que [en Manus] las personas habían sido detenidas de forma ilegal. De modo que el abuso empieza con una detención durante largo tiempo. Además, se han producido abusos de niños y mujeres por parte de los guardias empleados por la empresa”, afirma en entrevista telefónica Shen Narayanasamy, de No Business in Abuse. “Cuando retienes a alguien durante tres años sin acceso a cuidados médicos, sin acceso a cosas básicas, hablamos de un auténtico ataque contra los derechos humanos”.

La propia Transfield admitió durante la investigación de 2015 que se habían producido una treintena de alegaciones formales de abuso de menores

La lista de fuentes que respalda estas acusaciones es enorme: un largo documento de Amnistía Internacional en 2013, una investigación independiente encargada al antiguo Comisario de Integridad Phillip Moss al año siguiente, y el trabajo una Comisión del Senado en 2015, así como numerosos testimonios de internos y antiguos trabajadores de los centros.

En ellos se describen abusos que implican directamente al personal de seguridad de Transfield, que en algunos casos habrían, por ejemplo, intercambiado marihuana con solicitantes menores de edad a cambio de favores sexuales, en uno de los escándalos más sonados. La propia Transfield admitió durante la investigación de 2015 que se habían producido una treintena de alegaciones formales de abuso de menores, 15 alegaciones de asalto sexual o violación, entre otras acusaciones, contra miembros de su personal. Como consecuencia, seis empleados habían sido despedidos y otro suspendido.

“La compañía tiene un acuerdo con el Gobierno para operar el campo y proporcionar todos los servicios necesarios. Hay unos guardias que te impiden entrar a ti, e impiden salir a los de dentro. La empresa debe garantizar la seguridad, educar al personal. Todo lo que sucede allí dentro es su responsabilidad”, insiste Narayanasamy.

“A muchas personas les confunde: ¿por qué correr semejante riesgo al implicarse en esto? Es un riesgo de relaciones públicas, por no hablar de la dificultad de gestionar un campo”, comenta Narayanasamy. “Desde el punto de vista de nuestra organización, creemos hay mucho dinero de por medio. La empresa recibe un amplio pago de 1,4 millones de dólares al día por operar los campos. El ochenta por ciento de los ingresos de la empresa vienen de esos campos”, explica.

El Confidencial se puso en contacto con Ferrovial para preguntar por el futuro de estos campos de internamiento, pero no obtuvo ninguna respuesta.

Fuente: ElConfidencial.com