Balas contra el cambio: relato del narcocrimen que ha sacudido México

22.01.2016 – 05:00 H. “Yo soy Gisela”, respondió la alcaldesa electa del municipio de Temixco a sus asesinos. En la mañana del 2 de enero, siete hombres ...

22.01.201605:00 H.

“Yo soy Gisela”, respondió la alcaldesa electa del municipio de Temixco a sus asesinos. En la mañana del 2 de enero, siete hombres armados irrumpieron en la casa de Gisela Mota Ocampo menos de 24 horas después de su toma de posesión. Entraron bramando, porque desconocían la identidad de la alcaldesa de 33 años. Venían a matar sin saber a quién. Eran las siete de la mañana. “Ese día iban a pasar a recogerla con escolta a las 7:45. Pero se adelantaron”, explica Gabino Mota, su padre. Gisela se identificó y, poco después, murió acribillada por cuatro balazos.

La guerra contra el narcotráfico liderada por el expresidente Felipe Calderón a principios de 2006 ha dejado en México más de 100.000 muertos y 25.000 desaparecidos. La estrategia militar que pretendía acabar con el narcotráfico ha fortalecido los cárteles y propiciado el crecimiento endémico del crimen organizado. A lo largo del país, la muerte aflora en un campo controlado por criminales. Gisela Mota Ocampo buscaba acabar con la ola de violencia que permeaba a lo largo del estado de Morelos a través de la legalidad y la rendición de cuentas. Su asesinato revela el grado de descomposición social, política y judicial que caracteriza al México actual… y la impunidad con que se asesina a diario.

Temixco es un municipio de 116.000 habitantes ubicado en Morelos, en el centro del país. Si se compara con la urbe sobrepoblada de Ciudad de México, a poco más de una hora de distancia, Temixco es un santuario de cerros y llanos decorados por un flamante verdor y un millar de casitas amontonadas. Las calles todavía exhiben los anuncios de campaña a la presidencia municipal de Mota -‘Una mujer trabajadora para un Temixco próspero’-, desteñidos por el sol. Su presencia es un lúgubre recordatorio de la realidad que encarna Temixco.

Ella baja todo lo que gana al pueblo, a las comunidades,” explica a El Confidencial Juana Ocampo, madre de Gisela. Desde el salón de su casa, donde mataron a su hija, Juana habla de Gisela alternando presente y pasado, resistiéndose a utilizar este último. Cuenta que comenzó su carrera en la política a los 16 años como militante del partido izquierdista Partido Revolución Democrática (PRD). Pero adquirió sus convicciones e ideales mucho antes, cuando de niña acompañaba a su madre a manifestaciones y eventos en las comunidades eclesiales de base. “Allí llevamos la teología de liberación que nos impartían los sacerdotes”, recuerda Juana, “así es como Gisela va creciendo en un ambiente de compartir y de solidarizarse con el otro”. A pesar de que su hija estudió Derecho en la universidad del estado, Juana no esperaba que entrara en política. Gisela tocaba la guitarra y la mandolina en grupos eclesiales y su madre asumió que estudiaría música. “Pero luego se inclinó más por la política”, dice con cierto remordimiento.

Gisela Mota, poco antes de su asesinato, durante la ceremonia de toma de juramento en Temixco. (Reuters)Gisela Mota, poco antes de su asesinato, durante la ceremonia de toma de juramento en Temixco. (Reuters)

Peña Nieto, “el salvador que no fue”

En los tres años de Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la popularidad del joven y apuesto presidente Enrique Peña Nieto se ha desplomado. ‘El momento mexicano’ duró menos que la euforia que desatan las telenovelas en este país. El repunte de la violencia, la desaparición de 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa y el escándalo mediático que ocasionó el descubrimiento de una casa de 6,5 millones de euros que Peña Nieto encargó a su contratista favorito cambiaron el mantra de “salvando a México” por “el salvador que no fue”.

Durante la Administración de Peña Nieto han sido asesinados alrededor de 40 alcaldes en el país. “El municipio es una célula básica de gobierno que está más sujeta a debilidades frente al poder central y presiones económicas de grupos poderosos”, explica a El Confidencial José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM). El alcalde suele actuar como moderador entre los intereses del crimen organizado y la clase política, “una de las causas por las que permea mucho la corrupción a nivel municipal y vuelve a los alcaldes más vulnerables”, dice Martínez Cruz. La impunidad con que se ejerce el poder en México consta de diferentes matices. a nivel municipal, no hay un control de la ciudadanía sobre las autoridades, como rendición de cuentas o formas de someter las decisiones de gobiernos municipales al pueblo.

“Los negocios ilícitos son verdaderas industrias. La industria del secuestro, del tráfico de drogas, del lavado de dinero, de la extorsión… todas entran al sistema financiero”La primera alcaldesa de Temixco tomó posesión el 1 de enero, luciendo un vestido rojo rubí y un rebozo amarillo del color de su partido, el PRD. Su cabellera negra a ras de los hombros acentuaba su vestimenta y agregaba un tono festivo a su rostro. Poco después de terminar el evento y de ofrecer una de sus primeras entrevistas como alcaldesa, Gisela ya no sonreía a las cámaras. Con tono firme, manifestó que su puesto representa un gran reto pero que “sacaría a Temixco adelante”.

“Los negocios ilícitos son verdaderas industrias”, continúa Martínez Cruz, “la industria del secuestro, del tráfico de drogas, del lavado de dinero, de la extorción, todas entran al sistema financiero“. El estado de Morelos cuenta con uno de los índices más bajos de transparencia, según un informe efectuado por el Instituto Mexicano de la Competividad (IMCO). “Los presidentes municipales se ven tentados a participar en esa corrupción o se ven amenazados”, concluye.

“Gisela se metió de lleno en la política porque ella veía que la gente no conocía sus derechos y, por tanto, no los ejercía”, cuenta Juana. La joven alcaldesa acostumbraba a adentrarse en las colonias de Temixco para conocer las necesidades de sus ciudadanos. En su carrera política como diputada federal, lideró proyectos de vivienda para la gente más necesitada, organizaba ventas de ‘canasta básica’ -frijoles, arroz, aceite, azúcar, sopas, papel higiénico- y proveía de servicios a la comunidad. “Nos dejo muchos encargos”, lamenta Juana sin poder contener las lágrimas.

Mexicanos pasan por la escena del asesinato de Gisela Mota en Temixco. (Reuters)Mexicanos pasan por la escena del asesinato de Gisela Mota en Temixco. (Reuters)

Gisela Mota no contaba con protección de ningún tipo. “Ella creía mucho en el pueblo, y en que la gente no le iba a hacer nada”, dice Juana. Por si la falta de protección fuera poco, la joven también desafiaba el peligro manteniendo una vida ordinaria. “Aquí vamos a estar”, le decía a su madre. Así de sincero era su compromiso con la ciudadanía de Temixco.

La luz del mediodía no alcanza todos los rincones del salón de la casa de Juana Ocampo. Un amplio poncho de lana cubre su cuerpo, para cobijarse del frío. Su esposo permanece a distancia, observando a su mujer a un lado de la sala frente a un altar de Gisela. Interviene de vez en cuando con frases cortas, interrumpidas por el llanto. “Quienes lo hicieron, lo hicieron por dinero”, alega Juana con una certeza que desarma. “Entre ellos están quienes no les convino el discurso que ella dio en su toma de posesión”. Gisela era audaz y no titubeó en advertir inmediatamente de que no permitiría la corrupción en el ayuntamiento. La alcaldesa ya había heredado una deuda de más de 200 millones de pesos (10 millones de euros), por la cual llevaría a cabo una debida investigación.

Los responsables del asesinato de Gisela Mota pertenecen al grupo Los Rojos, como decretó el gobernador del estado de Morelos. Una de las posturas de Gisela, que posiblemente le costó la vida, era su oposición al Mando Único, una estrategia diseñada en el marco de un supuesto combate a la delincuencia organizada. Los Rojos conforman un brazo armado del cártel del Golfo. El estado de Morelos ha experimentado un alto índice de violencia infiltrada desde Guerrero, estado colindante y terreno disputado entre cinco cárteles: el Cártel del Pacífico, La Familia Michoacana, el Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, Los Caballeros Templarios y, ahora con más fuerza, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En lo que va de año, se han registrado 30 homicidios en el estado de Guerrero.

La crisis institucional y la descomposición social han provocado que 10 de las 50 ciudades más violentas del mundo sean mexicanas“El asesinato de Gisela manda un fuerte mensaje de terror al pueblo mexicano, el mismo que las autoridades han retomado para impulsar el Mando Único”, dice Martínez Cruz. El 72% de los municipios en México ya cuenta con el Mando Único, que se activó durante el auge de la guerra contra el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). Bajo este esquema se lleva a cabo la militarización y centralización de la seguridad ciudadana a medida que desplaza la policía municipal con la imposición de agentes de seguridad estatales.

“En Tijuana se incrementaron violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias con el Mando Único”, revela Martínez Cruz. La crisis institucional y la descomposición social han provocado que 10 de las 50 ciudades más violentas del mundo sean mexicanas. El Mando Único no es la solución para acabar con el crimen organizado; mucho menos cuando la misma policía se relaciona con ellos. “En Morelos se han documentado más de 600 denuncias contra elementos del Mando Único”, reitera Martínez Cruz, “por parte de la ciudadanía”. Martínez argumenta que las autoridades emplean una ‘lógica de guerra’ que está por encima de los derechos humanos. “No es una lógica de prevenir, de juzgar, acabar con la impunidad mediante el debido proceso”, concluye.

“El asesinato de Mota también es un cruel mensaje contra las mujeres”, recalca Martínez Cruz. ONU Mujeres y la CIDHM llaman a las autoridades a que se investigue con diligencia la perspectiva de género en el asesinato de Gisela como una violación al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

Las calles que llevan a la casa de Gisela Mota son angostas y empinadas. Su vivienda está custodiada por agentes de la policía federal, al final de la calle Lázaro Cárdenas en la colonia Pueblo Viejo, solitaria y desconectada del resto. Juana Ocampo se ha convertido en una audaz demandante de que se haga justicia por Gisela, de que se lleven a cabo sus proyectos. En las semanas que han transcurrido tras la muerte de su hija, Juana no ha desistido ni un instante, siguiendo el ejemplo de Gisela, quien “nunca se tomó vacaciones“. “Ella decía que la inseguridad no se combate con balas, se combate educando al pueblo para que la gente tuviera una manera de conseguir sus alimentos”.

Los límites entre la legalidad y la ilegalidad en México se tornan endebles y las autoridades se conforman con montar un espectáculo, como la captura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Pero la detención de capos no interrumpe las ganancias multimillonarias del narcotráfico. Juana Ocampo, su familia y la sociedad mexicana, exangües por los ultrajes del Estado pero enfurecidas, no se dejan engañar. “Hay muchos problemas que no se han resuelto, como todas las muertes que hay en los estados y municipios que nunca se esclarecen”, dice Juana con un tono inquebrantable. “Nunca se hace la justicia”, agrega. “El presidente anda por todos los países diciendo que todo está muy bien, pero no es así”.

Fuente: ElConfidencial.com