Ecologista bueno, ecologista muerto

Dos asesinatos por semana, un 20% más que en 2013. Esa es la trágica cifra que aporta el informe ¿Cuántos más? publicado por la ONG Global Witness. De las ...

Dos asesinatos por semana, un 20% más que en 2013. Esa es la trágica cifra que aporta el informe ¿Cuántos más? publicado por la ONG Global Witness. De las 116 muertes documentadas, casi tres cuartas partes se registraron en América Latina: 29 activistas fueron asesinados en Brasil y 25 en Colombia. Además, el 40% de las personas ejecutadas eran indígenas y defendían sus territorios de “los proyectos hidroeléctricos, la minería y el agronegocio”. Lo peor es que la tendencia refleja un aumento de la violencia, y que, como asegura Global Witness, las “restricciones informativas” hacen pensar que la cifra real es mucho mayor.

Esas muertes son sólo la sangrienta punta de un iceberg, el de la represión, que comienza con amenazas de muerte, hostigamiento, agresiones a personas o sedes comunitarias y judicialización de las resistencias. Lo puede acreditar la comunidad Qom de Formosa, al norte de Argentina, que ha pagado con varias muertes su resistencia a la entrada de la soja en su territorio. Los cadáveres aparecieron al borde de la carretera; la justicia los retrató como suicidios o accidentes de tráfico. “Las fuerzas públicas emplean la represión, nos miran como enemigos en lugar de protegernos, y no hay voluntad política de investigar (los abusos)”, afirma el qarashé –líder político– Félix Díaz.

“La tierra para nosotros es la base no sólo de nuestros recursos materiales, sino también culturales y espirituales. Sin la tierra, la comunidad se debilita; el pueblo termina muriendo”, asegura Díaz, que en estos días acampa, junto a representantes de otros pueblos indígenas, en el centro de Buenos Aires a la espera de que los reciba la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. El 23 de abril denunciaron que una moto arrojó una bomba incendiaria casera sobre el campamento, el mismo día que, en la comunidad La Primavera de Formosa, un grupo desconocido atentó contra la sede de la radio comunitaria indígena. Cuando el Estado no reacciona ante tales actos intimidatorios, lo siguiente que hay que lamentar son muertes. El informe de Global Witness documenta lo que las organizaciones sociales de toda América Latina llevan años denunciando: la absoluta impunidad de los autores de estos crímenes.

Manifestantes pintan una bandera de Colombia antes de una protesta contra Monsanto, en Bogotá (Reuters).Manifestantes pintan una bandera de Colombia antes de una protesta contra Monsanto, en Bogotá (Reuters).

Complicidad estatal

El pasado 16 de abril, en las comunidades de Agua Bonita y Agua Clara, provincia del Cauca, Colombia, seis indígenas de etnia nasa fueron asesinados a tiros después de que, una semana antes, el presidente, Juan Manuel Santos, revocase la suspensión de operaciones armadas contra la guerrilla de las FARC en la región, una de las más convulsas del país. El argumento oficial es que fueron víctimas del fuego cruzado entre el Ejército y la guerrilla, pero la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) asegura que el Ejército y los paramilitares reprimen la resistencia contra la minería, que, creen los indígenas, está destruyendo sus tierras ancestrales. La ACIN lleva tiempo denunciado que dos grupos paramilitares, las Águilas Negras y Los Rastrojos, han amenazado de muerte a los activistas que se oponen a la megaminería, esa misma que sostiene la “locomotora minero-energética” con la que Santos pretende impulsar la economía del país.

La investigación de Global Witness concluye que, si bien los autores de estos crímenes son, en muchos casos, desconocidos, en otros está documentada la complicidad estatal: diez muertes vinculadas a la acción de grupos paramilitares, ocho con la policía, cinco con la seguridad privada y tres con militares. “Los grandes terratenientes, los intereses empresariales, los actores políticos y los miembros de la delincuencia organizada” están detrás de estos crímenes, concluye el estudio. Esos intereses se traducen en centrales hidroeléctricas, megaminería a cielo abierto, actividad maderera (legal o ilegal) y monocultivos de soja, caña y aceite de palma.

La situación se recrudece, añade el informe, allí donde “se puede contratar de forma barata a asesinos y matones” que vigilan, amenazan y atacan a los activistas. Como en Honduras, el país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente: doce asesinatos solo en 2014 –el mayor índice per capita–, y 111 desde 2002, con la participación de la policía y el Ejército. Allí, los activistas denuncian que la violencia contra ellos se recrudeció después del golpe de 2009.

Indios Ka'apor detienen a unos madereros ilegales en el territorio de Alto Turiaçu, en Brasil (Reuters).Indios Ka’apor detienen a unos madereros ilegales en el territorio de Alto Turiaçu, en Brasil (Reuters).

“Moriremos por nuestra tierras”

También en Brasil, la violencia se ceba con las poblaciones indígenas, las más interesadas en salvaguardar ecosistemas que conforman su fuente de sustento y sus formas de vida. El 4 de noviembre del año pasado, la joven guaraní-kaiowá Marinalva Manoel, a sus 27 años, fue presuntamente violada y apuñalada hasta la muerte; su cuerpo fue hallado al borde de la carretera. Sucedió en el estado de Mato Grosso do Sul, fronterizo con Paraguay; a ambos lados de la frontera, la resistencia de las comunidades es contra el avance del agronegocio, en particular, de la soja transgénica y la caña de azúcar. Las comunidades denuncian que son sistemáticamente reprimidas por pistoleros mercenarios contratados por los terratenientes.

Sólo un mes antes de su asesinato, Marinalva había viajado a la capital, Brasilia, junto a una delegación de líderes guaraníes, para exigir del Gobierno de Dilma Rousseff que cumpla su deber legal de devolver sus tierras ancestrales a la población indígena. “Moriremos por nuestras tierras”, aseguraron. El pueblo guaraní-kaiowá le teme más a un futuro sin sus territorios que a las balas de los mercenarios; incluso han amenazado con un suicidio masivo si se lo sigue hacinando en reservas y campamentos junto a los bordes de carreteras, mientras se extiende el latifundio al servicio del agronegocio para la exportación. Así lo expresa uno de sus líderes, Eliseu Lopes: “Quieren deshacerse de nosotros por completo. Estamos desesperados, pero no nos rendiremos”.

Mirada esta realidad siniestra desde el otro lado del océano, sería un grave error estratégico pensar que se trata de una mera cuestión de solidaridad con pueblos lejanos, sino que de esa resistencia depende el futuro del planeta. Así lo ha explicado la investigadora canadiense Naomi Klein: “Muchas de las personas que están siendo asesinadas en estas luchas no sólo están protegiendo sus tierras y aguas locales. Al mantener el carbono en el suelo, y mediante la defensa de prácticas agrícolas ecológicas, están mostrando al resto del mundo cómo evitar un cambio climático catastrófico. Es un síntoma de la locura de nuestro tiempo que, para un número creciente de valientes activistas, el coste de defender la vida en la tierra sea la muerte”. 

Fuente: ElConfidencial.com