Las ONG en Rusia, primero acosadas y ahora proscritas

En el despacho de Tania Lokshina, en la sede de Human Rights Watch (HRW) en Moscú, hay colgada una foto de una mujer que hoy está muerta: se llamaba ...

En el despacho de Tania Lokshina, en la sede de Human Rights Watch (HRW) en Moscú, hay colgada una foto de una mujer que hoy está muerta: se llamaba Natalia Estemírova y fue secuestrada y asesinada en Chechenia en 2009 por su trabajo como activista por los derechos humanos. Lokshina, una mujer menuda que solo sabe hablar pausadamente, no olvida el precio que pagó su amiga por el trabajo que ella hace ahora. Por si se le olvidase, alguien dibujó hace unas semanas en las escaleras de su edificio una esvástica: una acusación de nazismo habitual estos días para cualquiera que critique la injerencia rusa en Ucrania.

El ambiente en Moscú está más enrarecido desde hace meses, pero faltaba por llegar otro texto legal que diese carta de naturaleza a esa cultura de la sospecha que se ha instalado en torno a los sectores más críticos de la sociedad civil. Hace dos fines de semana, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó la polémica ley sobre organizaciones indeseables. “El espacio para la libertad de expresión no para de restringirse y cada vez encontramos más dificultades para hacer nuestro trabajo”, lamenta Lokshina.

La lista negra de ONG incluirá entidades cuya actividad pueda amenazar el régimen constitucional del país, su capacidad de defensa o la seguridad nacional. Los defensores de derechos humanos están convencidos de que la ley está llamada a asfixiar las libertades civiles en Rusia y a expulsar del país a las organizaciones que se atrevan a criticar a las autoridades.

Lokshina cree que “el objetivo final de esta ley no son las organizaciones, sino los ciudadanos rusos que colaboran con nosotros”. El texto legal, aprobado por la Duma el pasado día 19, no sólo prohíbe todo tipo de operaciones financieras con las ONG que sean declaradas “indeseables”, sino que contempla una multa para los ciudadanos que colaboren con ellas. Lokshina lleva siete años trabajando para HRW en Rusia y ha recibido amenazas de muerte: “No es agradable, sin duda, pero ahora tratan de intimidar a la gente con la que intentamos colaborar”.

Nunca fue fácil, “porque es complicado trabajar cuando la gente sospecha de ti por formar parte de una organización internacional, no quieren hablar, y ahora menos porque se pueden meter en problemas si colaboran con nosotros“, explica en su oficina del centro de Moscú. Lokshina no cree que esta ley esté destinada a hacerlos desaparecer: “Para eso no necesitan una ley nueva, pero ahora lo que pretenden es aislarnos”.

Rusos pasan ante un póster de Putin durante el Territory of Initiative Youth Biryusa, un festival que reúne a activistas y ONG en Siberia (Reuters).Rusos pasan ante un póster de Putin durante el Territory of Initiative Youth Biryusa, un festival que reúne a activistas y ONG en Siberia (Reuters).

Los “agentes extranjeros”

En 2012, Rusia aprobó una normativa por la que las ONG rusas que recibían financiación del exterior debían inscribirse en un registro como “agentes extranjeros”. Planeta Nadezhd, un grupo ecologista ruso, fue multado la semana pasada con 5.400 euros por no inscribirse en esta lista. Bellona Murmansk, defensora del medioambiente, también ha tenido que pagar. Memorial, que se centra en la recuperación de la memoria histórica, vio su fachada pintarrajeada con las palabras inastrani agent! (agente extranjero) que en ruso significa también espía. Junto a la ventana alguien había dibujado un corazón con la palabra “USA” a la derecha. El patriotismo de quien lleve la contraria al Gobierno está en entredicho.

El Ministerio de Justicia de Rusia ha preparado una enmienda que permitirá abandonar este registro, escribía este lunes el diario Kommersant. Estas enmiendas permitirán al Ministerio de Justicia excluir del registro de agentes extranjeros a las ONG que renuncien por escrito las actividades políticas y no reciban financiación extranjera a lo largo de un año.

Pero la nueva ley para hacer una lista negra de ONG apunta a que la suavización de la anterior es una operación “cosmética”, según algunos activistas. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch han exhortado a los parlamentarios rusos a renunciar a “un proyecto de ley draconiano, heredero de esa ley sobre agentes extranjeros“. En 2013, el año siguiente a la entrada en vigor de la primera ley contra las ONG, estas ingresaron en sus cuentas cerca de 1.000 millones de euros desde el extranjero, pero la mayor parte de ellas invirtieron este dinero en proyectos que no tienen apenas relación con la política.

La policía rusa detiene a una mujer que se manifestaba contra Putin en Moscú, el 19 de abril de 2015 (Reuters).La policía rusa detiene a una mujer que se manifestaba contra Putin en Moscú, el 19 de abril de 2015 (Reuters).

Mejor orden que derechos humanos

En AI han recibido con preocupación la noticia de que un diputado de la Duma ya está trabajando en una lista negra de ONG. Ante esto es complicado encontrar complicidad más allá de la prensa extranjera. La población de Rusia prefiere el orden a los derechos humanos, según muestra un estudio realizado por la encuestadora Levada. Sólo un 29% de los consultados apostaron por los derechos humanos, mientras que un 62% señaló que el orden en el país es mucho más importante. 

Cuando hace dos años la policía acudió a registrar la sede de Amnistía Internacional en Moscú, las cadenas de televisión llegaron quince minutos antes que los agentes. Para el jefe de AI en Moscú, Serguei Nikitin, lo más preocupante “es que el texto de la ley puede ser interpretado de muchas formas, con lo que da al tribunal la opción de hacer lo que quiera”. Para Nikitin está claro que “Amnistía puede ser una de las ‘víctimas’ de la ley, que va a ser una herramienta contra los que critican al Kremlin pero sobre todo contra los rusos que colaboran con nosotros”.

Investigar el estado de los derechos humanos es más complicado, aunque el poder hace piruetas singulares. “Tratan de silenciarnos, pero cuando hacemos un informe sobre Ucrania que denuncia los abusos del ejército ucraniano están encantados de divulgarlo”, dice con un toque de ironía Lokshina. Lo más difícil según Nikitin es la interlocución con funcionarios, más complicada durante los últimos dos años: “Pedimos explicaciones y nos dan respuestas de risa, o bien se cierran ante nosotros”.

La nueva ley sólo puede poner las cosas todavía más difíciles. Y lo más ‘kafkiano’ es que el texto legal no contempla notificar a las entidades que van a ser declaradas ‘indeseables’: “Nos enteraremos leyendo el periódico al día siguiente”.

Fuente: ElConfidencial.com