Píldoras de la India: así se aborta en Irlanda del Norte para evitar la cadena perpetua

“Estoy sola. No puedo decírselo a nadie. No se qué hacer. No puedo ir al hospital ni tampoco tengo dinero para buscar otra solución”. Aine está embarazada de casi ocho semanas. Vive en Irlanda del Norte, donde el aborto no solo está prohibido, sino severamente penalizado. Su mensaje acaba de ser recibido por Women on Web, una ONG con sede en Ámsterdam. Tras valorarlo, el equipo médico determina que puede ayudarla para llevar a cabo el aborto que solicita. Es entonces cuando se activa el protocolo y se ponen en contacto con una pequeña oficina en la ciudad de Nagpur, en la India. Desde allí se le enviarán nueve pastillas que pondrán fin a la gestación.

El pasado mes de noviembre, el Tribunal Supremo de Belfast concluyó en un dictamen histórico que la legislación sobre aborto en Irlanda del Norte no cumple con la normativa de derechos humanos. El conjunto de leyes que cubren esta cuestión -una data de 1861 y otra de 1945- aplican la sanción penal más dura de Europa: cadena perpetua tanto para la mujer que tiene un aborto ilegal como para la persona que la ayuda.

La interrupción del embarazo solo se podía llevar a cabo cuando la vida o la salud mental de la madre estaban en peligro. Tras la reciente sentencia, los casos también se amplían ahora a violación, incesto y anormalidades fatales del feto. Los activistas pro-elección aseguran que se trata de un paso adelante. Pero lo cierto es que en la práctica, poco o nada ha cambiado. Cada mes, centenares de mujeres como Aine siguen comprando por Internet pastillas para cambiar su situación.

“Es inaceptable que esto esté pasando en Europa en el siglo XXI. Para mí, ayudarlas se trata de una obligación moral”, asegura Rebecca Gomperts, responsable de Women on Web. “La labor de cualquier médico es proteger la vida de las personas y en los países donde el aborto es ilegal o inaccesible se está poniendo en riesgo la vida de las mujeres”, asegura a El Confidencial. “No nos engañemos, la ley afecta solo a aquellas mujeres que no tienen dinero”, matiza. “Y los derechos humanos nos afectan a todos”, recalca.

La labor que Gomperts realiza desde su oficina en Ámsterdam está permitida, y el trabajo de la farmacéutica india con la que colabora también es legal. Sin embargo, en Irlanda del Norte, la mujer que sea descubierta recibiendo o tomando las pastillas puede ir a la cárcel. Este mes, sin ir más lejos, una mujer de 21 años, cuya identidad se desconoce por motivos legales, acudió a la Corte de Magistrados de Belfast acusada de tomar mifepristona y misoprostol. El pasado lunes, tras pagar 500 libras de fianza, salió en libertad a la espera de volver a ser citada para declarar.

Un manifestante antiabortista sostiene un muñeco que representa a un embrión de 12 semanas durante una protesta contra una clínica privada en Belfast, en octubre de 2012. (Reuters)Un manifestante antiabortista sostiene un muñeco que representa a un embrión de 12 semanas durante una protesta contra una clínica privada en Belfast, en octubre de 2012. (Reuters)

Con el tiempo en contra

“De los 10.000 ‘emails’ que recibimos cada mes de todas las partes del mundo, alrededor de 300 provienen de Irlanda del Norte. No hay un perfil definido. Hay desde jóvenes de 15 años hasta mujeres de 40 con hijos”, explica Gomperts.

El perfil de Aine no se revela. Podría ser sentenciada a cadena perpetua en caso de ser identificada. El tiempo juega en su contra. La mujer debe estar en un periodo de gestación de máximo nueve semanas, para obtener las píldoras antes de que se cumplan las 12 semanas. Tras este límite, la Organización Mundial de la Salud recomienda que las mujeres que tomen pastillas abortivas deben acudir a un centro de salud.

Tras su primer ‘email’, el caso de Aine es remitido a los médicos de la ONG. Tanto su identidad como su ubicación también están protegidas. Los facultativos escriben la receta que se manda a Nagpur. A las mujeres se les pide una donación de entre 80 y 90 euros (en Londres, un aborto puede costar entre 600 y 2.000 euros) para ayudar a cubrir los costos de administración. Cuatro de cada cinco pagan el importe total, pero las que no pueden son ayudadas por otras que pagan más como parte de una ‘cadena de solidaridad’.

“Estoy empezando a ponerme muy nerviosa. Todavía no he recibido nada. No se si esto realmente va a funcionar. Estoy realmente deprimida”, escribe Aine.

Las pastillas finalmente llegan dos semanas después de que mandara su primer ‘email’. Hay una mifepristona y ocho de misoprostol. En los países donde el aborto es ilegal, cuando las mujeres se tragan la primera cometen un acto delictivo. La mayoría sufre calambres, vómitos y fiebre, síntomas que pueden durar dos semanas. En los casos más extremos, deben acudir al hospital para retirar la placenta. Pero es entonces cuando pueden ser descubiertas.

Una mujer protesta en Galway después de la muerte de Savita Halappanavar, una mujer de la India a quien se le denegó un aborto en un hospital público, en noviembre de 2012. (Reuters)Una mujer protesta en Galway después de la muerte de Savita Halappanavar, una mujer de la India a quien se le denegó un aborto en un hospital público, en noviembre de 2012. (Reuters)

El traumático viaje secreto a Inglaterra

Mara Clarke está al frente de Abortion Support Network, otra ONG que ofrece ayuda económica a las mujeres de Irlanda del Norte que necesitan viajar a otros lugares para llevar a caso un aborto. Explica que en Inglaterra, Escocia y Gales, menos del 1,4% de los abortos supera las 20 semanas. Sin embargo, el 8% de los casos que ella trata excede este tiempo, ya que “las afectadas tardan mucho tratando de reunir el dinero”.

“Muchas mujeres intentan luego volver a casa de inmediato para ahorrar costes. Esto significa que aquellas que han tomado píldoras abortivas, en lugar de someterse a un procedimiento quirúrgico, tienen que lidiar con la experiencia del aborto involuntario incluso en pleno vuelo. Debido a que el aborto sigue siendo un tabú, la mayoría no cuenta nada ni a su familia ni a sus amigos”, matiza.

En Irlanda del Norte no se aplica la Ley del Aborto 1967 de Reino Unido -que permite abortar hasta las 24 semanas por diferentes motivos-, a pesar de que es una de las naciones constituyentes de la unión. Se trata de una anomalía jurídica desconocida para la mayor parte de la población. Según una encuesta de Amnistía Internacional, dos tercios de los británicos desconocen que la normativa es diferente al otro lado del mar del Norte.

Desde 1970, se estima que alrededor de 60.000 mujeres han viajado en secreto desde Irlanda del Norte a Inglaterra para terminar su embarazo. Una de ellas ha sido Sarah Ewart, quien en 2013 provocó un gran debate público al contar su experiencia en televisión. Estando embaraza de 20 semanas, tuvo que tomar un avión. A su bebé le habían diagnosticada anencefalia, una malformación cerebral congénita. Básicamente, iba a morir dentro de ella antes de nacer. Sin embargo, como los médicos le habían indicado que su vida no estaba en peligro, no tenía permitido abortar.

Su caso fue el detonante para la decisión tomada en noviembre por el Tribunal Supremo de Belfast. Sin un referendo, el tribunal considera imposible saber cómo la mayoría de los norirlandeses se posiciona ante el aborto. Pero, por el momento, no hay apetito político para el cambio. Hace tan solo 17 años que se firmó el Acuerdo de Viernes Santo, que puso fin a décadas de un sangriento enfrentamiento entre católicos y protestantes. La religión sigue marcando el actual Gobierno de coalición.

Fuente: ElConfidencial.com