Radiografía de la represión en Venezuela… y en el resto del mundo

24.02.2016 – 01:15 H. Ya lo dijo Raúl Castro: “Los derechos humanos son una utopía“. La realidad da la razón al presidente cubano. El mundo ...

24.02.201601:15 H.

Ya lo dijo Raúl Castro: “Los derechos humanos son una utopía“. La realidad da la razón al presidente cubano. El mundo padece un “asalto global” al sistema de protección de derechos y libertades, mientras los gobiernos atacan deliberadamente o cortan la financiación a las instituciones destinadas a tal fin. Este es el panorama que arroja el informe anual de Amnistía Internacional, un dosier que “recoge mucho dolor” y el “desprecio” hacia la ONU, la Corte Penal Internacional o el Consejo de Europa, en palabras de Esteban Beltrán, director de la sección española de AI.

No es alarmismo; la protección internacional de los derechos humanos corre peligro de desmoronarse. Sirva de ejemplo la ONU, cuyas actuaciones para evitar atrocidades masivas son obstaculizadas por muchos gobiernos. Siria, y el subsiguiente éxodo hacia Europa de millones de personas, es el arquetipo de las graves consecuencias del fracaso sistémico de Naciones Unidas. Nadie rinde cuentas por sus crímenes porque nadie garantiza que lo haga. Hasta 120 países infringieron el derecho internacional en 2015, con ataques a los derechos y a las instituciones que los protegen.

Comencemos por Venezuela, sobre la que AI recalca el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y las detenciones arbitrarias de opositores, que afrontaron juicios sin garantías y encarcelamiento. Junto al caso de Leopoldo López, destaca el de Emilio Baduel y Alexander Tirado, detenidos durante las protestas contra Nicolás Maduro de 2014 y condenados a ocho años de prisión por intimidación pública con artefactos explosivos, entre otros cargos. El fiscal no aportó pruebas que fundamentaran los cargos y el juez “desestimó pruebas periciales que señalaban que ninguno de los dos había manejado explosivos o sustancias inflamables”.

En cuanto al uso excesivo de la fuerza, una práctica que se saldó con decenas de muertes -algunas de ellas en circunstancias que apuntaban a homicidios ilegítimos-, AI recuerda la Resolución 008610 dictada por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa Nacional, que autorizaba utilizar armas de fuego durante la represión de protestas públicas. Dicha resolución no transmitía un mensaje claro de que no se toleraría el uso excesivo de la fuerza en dichas operaciones. Resultado: Kluiberth Roa, de 14 años, perdió la vida tras ser alcanzado por un bala de goma cuando se encontraba en las inmediaciones de una protesta en San Cristóbal, estado de Táchira.

Asimismo, el informe de AI denuncia la imperante ausencia de justicia en casos de graves violaciones de derechos. La mayoría de los responsables de dichas violaciones, muchas cometidas durante las protestas de 2014, nunca comparecieron ante los tribunales. La decisión de retirarse de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptada por Caracas en 2012 ha privado de acceso a la justicia a las víctimas de esos abusos. Mientras, las injerencias de cargos de altos niveles de la Administración en el sistema judicial pone en entredicho su compromiso con el Estado de derecho. “El hecho de que más del 60% de los jueces ocupe su cargo de forma temporal hacía temer que estos pudieran ser vulnerables a las presiones políticas”, señala el informe. 

Opositores venezolanos, durante una protesta contra Nicolás Maduro en Caracas, el 18 de octubre de 2014. (Reuters)Opositores venezolanos, durante una protesta contra Nicolás Maduro en Caracas, el 18 de octubre de 2014. (Reuters)

¿Y España?

El informe de Amnistía pone la lupa sobre la libertad de reunión -“restringida por la reforma del Código Penal y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana”-, que hace oídos sordos ante las recomendaciones de la ONU. También sobre las expulsiones colectivas y el uso excesivo de la fuerza “contra personas que intentaban entrar de forma irregular” en Ceuta y Melilla desde Marruecos. En marzo, se modificó la ley de extranjería para legalizar la expulsión automática y colectiva de migrantes y refugiados en dichos enclaves. En relación a las llamadas “devoluciones en caliente” desde Ceuta y Melilla, que impiden el acceso a los procedimientos de asilo, el Comité de Derechos Humanos instó a España en julio a cumplir el principio de no devolución. Sirva como ejemplo el caso de seis subsaharianos devueltos sumariamente a Marruecos desde Ceuta el 3 de febrero, sin evaluar su situación ni darles la oportunidad de solicitar asilo.    

AI denuncia además el archivo provisional en octubre de la investigación sobre las muertes en la playa de El Tarajal en febrero de 2014, cuando agentes de la Guardia Civil emplearon balas de goma y botes de humo para impedir que unas 200 personas alcanzaran a nado el lado español de la playa desde Marruecos. “Se devolvió sumariamente (…) a 23 personas y al menos otras 14 murieron en el mar“, describe el informe.

En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación por la continuidad de la detención en régimen de incomunicación y recomendó que se investigara de forma efectiva todas las denuncias de tortura y otros malos tratos. Preocupan los retrasos y la ineficacia de las investigaciones emprendidas, ya que “numerosas causas se archivaron sin dar lugar a procesamientos, incluidas varias en las que no fue posible identificar a los agentes de policía implicados porque no llevaban placa de identificación en el uniforme“.

La represión del reino: Arabia Saudí

El reino mantiene su represión brutal contra quienes se atreven a defender reformas o criticar a las autoridades. Se suman en 2015 los crímenes de guerra que cometió en su campaña de bombardeos sobre Yemen, mientras obstruía una investigación dirigida por la ONU sobre los abusos cometidos por todos los bandos de la guerra. La tortura es una práctica habitual y generalizada, denuncia AI, que se basa en testimonios de exdetenidos y acusados. Los tribunales saudíes no desestiman las declaraciones obtenidas mediante coacción o tortura, sino que declararon culpables a personas, algunas de las cuales fueron condenadas a muerte, basándose únicamente “en confesiones”.

Arabia Saudí aplicó la pena de muerte a más de 140 personas en 2015, el primer año de reinado de Salman bin Abdelaziz, entre ellas el prominente clérigo chií disidente Nimr Baqir al-Nimr. Una cifra muy superior a las 88 ejecuciones registradas en 2014. Es paradigmático el caso de Ali al-Nimr, quien tenía 17 años cuando cometió el ‘crimen’: participar en manifestaciones antigubernamentales. Su edad no ha impedido que los jueces del Tribunal Penal Especial y la Corte Suprema ratificasen la sentencia de muerte para Ali al-Nimr por acudir a protestas hace cuatro años. El activista chií espera a que se ejecute la sentencia, que estipula que será decapitado. Después, su cadáver se exhibirá públicamente.

Protesta por la ejecución del clérigo Nimr al-Nimr en Arabia Saudí ante su embajada en Londres. (Reuters)Protesta por la ejecución del clérigo Nimr al-Nimr en Arabia Saudí ante su embajada en Londres. (Reuters)

Silenciar a la sociedad: Rusia

En su estrategia para “silenciar a la sociedad civil”, Vladimir Putin no solo ha restringido seriamente las libertades de expresión y reunión pacífica; las autoridades rusas también han completado su dominio de los medios de comunicación impresos y ampliado su control sobre internet. Las ONG, primero acosadas y ahora proscritas, fueron objeto de represalias en aplicación de la ley sobre “agentes extranjeros”. El informe de AI detalla el uso represivo de una legislación nacional imprecisa en materia de seguridad y contra el extremismo, como la detención de personas que criticaron la política estatal, y por exhibir públicamente o poseer ‘materiales extremistas’.

Mientras una nueva ley confería al Tribunal Constitucional la facultad de invalidar decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Kremlin se negaba a reconocer los homicidios de civiles en Siria en su supuesta operación contra el Estado Islámico. “Hay tal cantidad de pruebas de ataques aéreos sobre civiles, que la negación de Putin y Bashar al Asad resulta ridícula“, declara a El Confidencial Joanne Mariner, asesora de AI y miembro del Centro Internacional de la lucha contra el terrorismo. 

“Matar con más prudencia”: China

“Combinamos el valor universal de los derechos humanos con la realidad de China”. La frase, obra del presidente Xi Jinping durante una vista de Estado al Reino Unido en octubre, es tan representativa como las -cada vez más frecuentes- confesiones’ televisadas de críticos con el Gobierno. Pekín lanzó en 2015 una campaña nacional a gran escala contra abogados defensores de derechos humanos y activistas en nombre de la “seguridad nacional”. La tortura y los malos tratos, denuncia AI, siguen siendo una práctica generalizada durante la detención y los interrogatorios.

En cuanto la pena de muerte, Pekín aplicó la estrategia de “matar menos y matar con más prudencia“. Redujo de 55 a 46 la cifra de delitos punibles con la ejecución. No obstante, la reforma sigue sin ajustar el Código Penal a los requisitos del derecho y las normas internacionales sobre el uso de la pena capital. Las estadísticas sobre su aplicación siguen considerándose secreto de Estado.

Drogadictos forman filas mientras esperan al rancho en un centro de Longyou.(Reuters)Drogadictos forman filas mientras esperan al rancho en un centro de Longyou.(Reuters)

¿Un Tribunal Europeo?: Reino Unido

El persistente uso de la vigilancia masiva en nombre de la lucha contra el terrorismo, y sus regresivos intentos de eludir la supervisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos preocupan a Amnistía Internacional, que critica que Londres siga negándose a participar en los esfuerzos de la UE para repartir la responsabilidad ante la crisis de los refugiados. Las críticas a las leyes sobre vigilancia arreciaron en 2015, y el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por la interceptación de comunicaciones personales y almacenamiento de datos.

En plena ofensiva contra el Estado Islámico, la nueva Ley Antiterrorista y de Seguridad establece nuevas competencias, como imponer a determinadas instituciones, entre ellas escuelas y ayuntamientos, una obligación legal conocida como “deber de prevenir“, por la que deben prestar la “debida consideración a la necesidad de prevenir que las personas sean empujadas al terrorismo”. Sociedad civil y ONG pusieron el grito en el cielo.

Israel y Hamás: crímenes de guerra

El informe de AI destaca el mantenimiento del bloqueo militar de Gaza “y, por tanto, el castigo colectivo impuesto a sus 1,8 millones de habitantes”, así como no haber cumplido -como tampoco ha hecho Palestina- la petición de la ONU de llevar a cabo investigaciones creíbles sobre los crímenes de guerra cometidos. 

“En Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental -señala el dosier-, las fuerzas israelíes cometieron homicidios ilegítimos de palestinos civiles y detuvieron a miles que protestaban contra la ocupación militar continuada de Israel o se oponían de otras formas a ella, sometiendo a centenares a detención administrativa. Las autoridades israelíes continuaron promoviendo los asentamientos ilegales en Cisjordania”.

En Gaza, la tortura sigue siendo habitual entre la policía de Hamás, cuyos tribunales militares continuaron dictando sentencias condenatorias, algunas de pena de muerte, en juicios injustos. La Franja fue escenario de enfrentamientos entre fuerzas de Hamás y grupos armados salafistas, algunos de los cuales lanzaron cohetes de efecto indiscriminado contra la población civil israelí.

Fuente: ElConfidencial.com