Rousseff, a punto de caer por unas irregularidades habituales en Brasil

30.08.2016 – 05:00 H. En un duro, denso y firme discurso, con apelaciones a lo emocional, dijo sentir el “amargo de la injusticia”. Durante su ...
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30.08.201605:00 H.

En un duro, denso y firme discurso, con apelaciones a lo emocional, dijo sentir el “amargo de la injusticia”. Durante su comparecencia ante el Senado brasileño para defenderse en persona en su juicio político, ante los 81 senadores, constituidos en jueces y dirigidos por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, como garante constitucional del proceso, Dilma Rousseff insistió este lunes en su inocencia con una declaración que siguió al pie de la letra el guión esperado. “Estamos a un paso de la consumación de una grave ruptura institucional, de concretar un verdadero golpe de Estado“, recalcó, “vengo a mirar directamente a los ojos de sus excelencias y a decir con la serenidad de quien no tiene nada de qué responder que no cometí delitos de responsabilidad”.

“Estoy acusada injusta y arbitrariamente”, insistió, antes de reiterar que las acusaciones de maniobras fiscales en las que se basa el juicio político en su contra son “pretextos para derribar a un Gobierno legítimo” y “hacer viable un golpe” amparándose en la Constitución. Rousseff recordó que su compromiso político se remonta a los años de lucha contra la dictadura militar, cuando fue torturada y encarcelada, un periodo en el que “tenía miedo de la muerte y de las secuelas de la tortura, pero no cedí, resistí”. Ahora, “a los casi 70 años, después de ser madre y abuela, nunca renunciaría a los principios que siempre me guiaron: Tengo un compromiso con mi país, con la democracia y el estado de derecho”.

No lucho por mi mandato, por vanidad o apego al poder“, añadió, al tiempo que subrayaba en tono firme y sereno ante el pleno del Senado: “Lucho por la democracia, por la verdad y la justicia, por el pueblo de mi país”.

Rousseff volvió a descalificar los cargos que sostienen que incurrió en maniobras ilegales para “maquillar” los presupuestos y reiteró que ha sido “acusada injusta y arbitrariamente” para darle viabilidad a “un golpe” promovido por la elite política y económica. Insistió en que ha llegado al borde de perder su mandato sólo por una “conspiración” que empezó a cuajarse cuando, en octubre de 2014, fue reelegida para un segundo mandato. Según Rousseff, las acusaciones son meros “pretextos” para que se impongan políticas que “atentarán contra los derechos sociales” que los brasileños “conquistaron” desde 2003, cuando llegó al poder su antecesor y padrino político Luiz Inácio Lula da Silva, presente este lunes en las tribunas del Senado.

Lo cierto es que la gestión irregular de los presupuestos públicos que tiene al borde de la destitución a Rousseff es habitual en la administración pública brasileña. En el proceso, la gobernante responde por lo que la acusación califica de “delitos de responsabilidad”, para los que la Constitución contempla como pena la destitución y la suspensión de los derechos políticos por un plazo de ocho años. Suspendida de sus funciones desde que se abrió el proceso el pasado 12 de mayo, Dilma está acusada de haber emitido tres decretos que alteraron los presupuestos sin la venia del Congreso y de atrasos en depósitos en la banca pública que generaron costosos intereses y se configuraron como créditos.

Dilma Rousseff habla en el Senado durante la fase final de su juicio político (Reuters).Dilma Rousseff habla en el Senado durante la fase final de su juicio político (Reuters).

La pérdida de apoyo parlamentario

No son pocos los analistas que creen que, más que en las maniobras irregulares, el ‘pecado’ de Rousseff está en la pérdida de su apoyo parlamentario que, a diferencia de lo ocurrido con sus antecesores, se fundió al calor de una grave crisis económica y política. El debilitamiento de Rousseff, de ese modo, permitió a sus adversarios valerse de mecanismos jurídicos, poco aplicados pero contemplados en las leyes, para promover un juicio polémico que se ajusta estrictamente al marco constitucional. Por ello, cada uno de sus pasos ha sido supervisado por la Corte Suprema.

Aunque ambas operaciones están prohibidas por la ley, los datos oficiales dicen que ese tipo de maniobras son más que comunes en la administración pública del país. De hecho, fueron realizadas por otros gobernantes anteriores, pero siempre en cantidades muy inferiores. Además, los atrasos con la banca pública eran de unos meses y no durante más un año, como ocurrió en el periodo de Rousseff. Según el Banco Central, durante la gestión de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) los atrasos del Gobierno en depósitos similares fueron de una media de unos 1.000 millones de reales (unos 312 millones de dólares actuales). Posteriormente, en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) se realizó una media similar a la de Cardoso, aunque con picos que llegaron a 8.400 millones de reales (2.620 millones de dólares actuales).

Valeria Saccone. Río de Janeiro En el caso de Rousseff, los datos del Banco Central dicen que, a finales de 2015, los atrasos en los depósitos del Gobierno para costear programas sociales y de apoyo a la agricultura ascendían a 58.680 millones de reales (unos 18.340 millones de dólares). En todas esas situaciones, la banca pública, usada como agente de pagos, se vio en la necesidad de cancelar esos compromisos con sus propios recursos, lo cual está expresamente prohibido por las leyes, y el Gobierno debió pagar costosos intereses por sus demoras, con un efecto serio en el déficit fiscal.

Sobre la parte de la acusación que se refiere a esos créditos, la defensa alega que Rousseff no tuvo ninguna participación directa en esas operaciones, gestionadas por los ministerios de Hacienda y de Planificación. Aunque lo acepta, la acusación responde que, si así fuera, Rousseff al menos incurrió en una grave “omisión” que la ley también condena con la destitución. En cuanto a los decretos que alteraron los presupuestos sin antes ser debidamente aprobados por el Parlamento, los datos oficiales muestran que Cardoso emitió cerca de treinta, mientras que Lula dictó al menos una veintena.

La defensa de la gobernante argumenta que al menos 17 de los 27 gobernadores que tiene el país han incurrido en maniobras de esa naturaleza, que reduce a “faltas” de carácter administrativo que, bajo su punto de vista, no pueden ser motivo para una destitución. Sin embargo, y aunque haya sido aplicada unas pocas veces y solo en casos que implican a alcaldes, la Ley de Responsabilidad Fiscal que regula el uso del dinero público tipifica esas operaciones como delitos de naturaleza administrativa, que castiga con la pérdida del mandato. Según la defensa de Rousseff, el hecho de que otros gobernantes hayan incurrido en faltas similares y no hayan sido procesados demuestra que Brasil está frente a lo que califica de “golpe parlamentario“, pese a que el juicio tiene el aval de la Corte Suprema.

Fuente: ElConfidencial.com