Safaris para ricos en un país en guerra

Un grupo de unos 30 occidentales, la mayoría norteamericanos, disfrutó de un safari de lujo en 2014 en la República Centroafricana, un país entonces sumido ...
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Un grupo de unos 30 occidentales, la mayoría norteamericanos, disfrutó de un safari de lujo en 2014 en la República Centroafricana, un país entonces sumido en una guerra fratricida. Los dueños de la empresa que organizó el safari estuvieron también detrás de la creación de una ONG supuestamente de conservación de la naturaleza que obtuvo del gobierno golpista de la alianza Seleka la gestión de una enorme concesión en el este del país por 50 años. Este contrato incluye cuatro áreas donde sólo los acomodados clientes de la compañía de safaris están autorizados a cazar animales como el leopardo.

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Mientras al menos 5.000 personas morían en la guerra entre grupos armados en República Centroafricana en 2013 y 2014; mientras un millón de personas se veían forzadas a huir con lo puesto de sus casas para salvar la vida, un grupo de unos 30 occidentales ricos, casi todos norteamericanos, disfrutaba de un safari de lujo en una amplia zona del este del país. Sólo los clientes de la empresa que organizó la expedición están autorizados a cazar allí animales como el búfalo o el leopardo.

Poco pareció importarles que desde diciembre de 2012 la República Centroafricana se haya visto envuelta en un baño de sangre provocado primero por la sangrienta ofensiva de una alianza de mayoría musulmana, la Seleka, que derrocó al presidente François Bozizé en marzo de 2013, y después por la reacción también brutal de otro grupo armado de mayoría cristiana, los Antibalaka. Nada de ello fue óbice para que el grupo de occidentales contratara los safaris de lujo organizados por la empresa Central African Wildlife Adventures (CAWA), que se define en su web como “una de las más exclusivas” del país, sin precisar que ha sido la única que no ha suspendido sus actividades durante la guerra.

Eso sí, pese a sus argumentos de que la región en la que operan ha quedado al margen de la guerra, CAWA se cuidó de proporcionar a  sus clientes una guardia armada hasta los dientes. Amélie, nombre ficticio de una cooperante basada en Zémio (1000 kilómetros al este de la capital, Bangui), presenció en la primavera de 2014 cómo los cazadores llegaban a la ciudad antes de emprender la ruta hacia la localidad de Rafaï al día siguiente. “Se alojaron en casa del cura e iban fuertemente armados. Tanto, que un cooperante, precisamente norteamericano, que también dormía allí, salió huyendo para pedir hospitalidad a una ONG, según dijo, por el disgusto que le provocaba ver tantas armas”.

Por posar sonrientes ante los restos de uno de los escasos animales salvajes que quedan en Centroáfrica, cada uno de estos hombres (casi todos de mediana edad) pagó tarifas que oscilaron entre 33.000 y 55.000 euros. Los precios variaron dependiendo del número de animales “preciosos” (así los define CAWA en su lista de precios) puestos a tiro de los clientes. Un animal “precioso” es, por ejemplo, un leopardo, cuya caza está sometida a cuotas por parte del gobierno centroafricano (en las fotos de CAWA de la temporada 2014 aparecen tres cazadores con este felino). En la lista roja elaborada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, esta especie aparece catalogada como “casi amenazada”, mientras que el número de ejemplares es “decreciente”. Otros animales “preciosos” son el búfalo, el bongo, o bien el Eland de Lord Derby, el mayor antílope del mundo.

Los precios de CAWA  no incluyen todos los gastos del safari. Dejan fuera, por ejemplo, los billetes de avión hasta la República Centroafricana, las propinas de 1000 euros por semana que la empresa sugiere para el personal local, ni tampoco los  impuestos que se pagan por los “trofeos”; las cornamentas, cabezas o animales disecados que los cazadores se llevan consigo. En Centroáfrica, el precio de estos trofeos oscila entre los 12.000 euros que se pagan por uno de los prácticamente extinguidos leones a los 200 de un roedor. La hoja de tarifas de CAWA precisa que si el cazador mata a una hembra (algo en teoría prohibido) el asunto tiene fácil solución: basta con pagar el doble.

Las tarifas tampoco incluyen el alquiler del arma y la compra de la munición a CAWA, imprescindibles, porque sobre este país en guerra pesa un embargo total del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíbe la importación de armas de fuego.

La presencia de estos cazadores en el aeropuerto de Bangui llamó la atención de Peter Bouckaert, el director de emergencias de la organización Human Rights Watch, y del periodista norteamericano Jon Lee Anderson en junio de 2014. Ambos observaron escandalizados cómo dos hombres blancos se mostraban fotos de sus trofeos en sus  móviles. La reacción de Bouckaert y Anderson, que acababan de documentar la persecución a los musulmanes del país, fue considerar la actitud de los cazadores “vergonzosa”. Anderson deploró en un tuit: “En medio de una de las peores crisis humanitarias de África, un grupo de cazadores viene aquí a matar animales por diversión”, mientras que Bouckaert  les reprochaba que estuvieran cazando animales en un país en el que “se daba caza a la gente por odio”.

Estos tuits provocaron una agria polémica, protagonizada por una de las propietarias de la empresa de safaris, la sueca Emelie Mararv, que respondió defendiendo a los cazadores y sacando a colación un supuesto proyecto de conservación de la naturaleza: el Chinko Project.

Niños soldados capturados por las tropas Seleka (Reuters).Niños soldados capturados por las tropas Seleka (Reuters).

Una concesión de un gobierno golpista

CAWA opera desde antes de la guerra en el este de Centroáfrica en la zona comprendida entre los ríos Mbari y Chinko, a unos 800 kilómetros al este de Bangui, la capital, un otrora paraíso natural cuya fauna se ha visto reducida a su mínima expresión a manos de los furtivos del cercano Sudán. Estos furtivos, que a menudo se emplean como mercenarios para las diferentes insurrecciones armadas en la zona, llevan años penetrando en el país pertrechados incluso con ametralladoras para abatir elefantes y traficar con su marfil. El resultado es que ya no quedan paquidermos en un país que ha perdido la mayor parte de su fauna en los últimos 40 años, según cálculos de diversas organizaciones de protección de la naturaleza.

En 2013, cuando la Seleka había tomado ya el poder gracias a un golpe de Estado, las áreas de caza de las que CAWA tenía la concesión pasan a estar bajo responsabilidad de una entidad denominada Chinko Project, una organización no gubernamental (ONG) sin ánimo de lucro. Esta organización obtuvo entonces no sólo la gestión de esas áreas sino de un inmenso territorio virgen de 17.600 kilómetros cuadrados entre las cuencas de los ríos Mbari y Chinko, en teoría destinados a crear una reserva natural.

En el decreto fechado el 26 de agosto de 2013 que establece la concesión del área a la ONG aparecen estampadas las firmas de dos señores de la guerra de la Seleka: Abdallah Kadre Assene, ministro de Cooperación, y Mohamed Moussa Dhaffane, ministro de Agua, Bosques y Medio Ambiente, el mismo que, según la organización Enough Project pudo autorizar una matanza de elefantes por parte de mercenarios sudaneses en 2013 para pagarles sus servicios a la Seleka. En el decreto se establecía la creación de una reserva natural para “proteger y salvaguardar el patrimonio fáunico, crear puestos de trabajo y favorecer la investigación científica”.

A este decreto siguió una convención firmada con el proyecto Chinko. La ONG accedía a una concesión de 50 años, que incluía cuatro zonas de caza, las mismas que disfrutaba antes y siguió disfrutando después CAWA, lo que no es extraño a la luz de la comparación de los consejos de administración de la ONG y de la empresa de safaris. En ambas figuran Erik y Emelie Mararv, los dueños de CAWA.

El Confidencial se ha puesto en contacto con Chinko Project para preguntar cómo se obtuvo esta convención otorgada por un gobierno golpista. Su responsable de proyectos especiales, Raffael Hickisch, respondió por correo electrónico sin aclarar si, por ejemplo, hubo algún tipo de contraprestación económica. Este responsable se limitó a afirmar que el proyecto paga impuestos a través de “operadores turísticos terceros”, crea empleo y ofrece la “perspectiva” de preservar “los recursos del país”.

Con respecto a los argumentos que justifican la organización de safaris en medio de una guerra, Kickisch se limitó a enviar a este medio un enlace de un artículo publicado en el diario The New York Times en 2014. La autora es Louisa Lombard, consejera del proyecto Chinko. En el texto se defiende que la presencia de los cazadores es “irrelevante” en la guerra centroafricana y se vincula los safaris con el desarrollo y la conservación de la naturaleza. El mismo argumento que defienden los dueños de CAWA y los responsables de Chinko Project, una reserva que ahora forma parte de la  organización African Parks.

Imagen de la violencia en República Centroafricana (Reuters).Imagen de la violencia en República Centroafricana (Reuters).

¿Desarrollo local?

En la web del proyecto Chinko, en la que los únicos que aparecen cazando son supuestos furtivos africanos, se asegura que la iniciativa, además de llevar a cabo programas de investigación sobre la fauna, pondrá en marcha acciones de desarrollo local. Este diario pidió en vano a Raffael Hickisch que detallara esas acciones. Con respecto a los safaris, este responsable recalcó que la “caza puede ser beneficiosa para proteger la vida salvaje y ayudar a las comunidades” y que el proyecto Chinko ha creado “200-300 puestos de trabajo”. También subrayó que su organización ha tomado iniciativas como reducir las cuotas gubernamentales de caza de animales como el Eland de Derby.

Hickisch resaltó también la colaboración con las autoridades centroafricanas. Una colaboración que para estas autoridades fue más bien un hecho consumado a juzgar por las declaraciones de Jéremie Ndailot Olobanda, director de Áreas Protegidas del ministerio de Medio Ambiente centroafricano. En su humilde despacho, este ingeniero confiesa que la convención que establece la concesión a esta ONG ligada con una empresa de safaris fue una herencia de la administración de la Seleka, desalojada del poder en enero de 2014.

“No sé cómo se hizo esa convención”, reconoce, antes de explicar que los responsables del proyecto Chinko querían “renovarla automáticamente”. En su lugar, asegura, el actual gobierno de transición negoció un acuerdo de colaboración firmado en junio de 2014, que limita un poco los ventajosos términos del acuerdo.

Incluso así, las condiciones siguen siendo draconianas. En la práctica, representan la privatización de una enorme zona de la RCA, mayor que la provincia de Toledo, en manos de una ONG íntimamente ligada a una empresa de safaris de lujo.

“Debido a la preocupación de preservar la fauna hemos aceptado que esas sociedades ejerzan su actividad. El Estado allí no existe más que de nombre y no hay ninguna estructura de conservación de nuestros recursos naturales. En el norte, los pastores trashumantes han invadido los parques naturales y la fauna ha desaparecido“, deplora el director centroafricano de Áreas Protegidas. Luego afirma que ese Estado sin medios que describe “controla el trabajo de la ONG”.

Refugiados cristianos en la zona (Reuters).Refugiados cristianos en la zona (Reuters).

Permiso para abrir fuego “en legítima defensa”

Pese a las actividades de conservación que este proyecto puede estar llevando a cabo (“Han descubierto especies que no conocíamos”, precisa el funcionario centroafricano), en este acuerdo la ONG se arroga competencias como la formación de un cuerpo paramilitar: los guardias antifurtivos que vigilan la reserva. De acuerdo con Raffael Hickisch, esta formación “corre a cargo de entrenadores de renombre internacional, bajo la supervisión del ministerio de Defensa”.

Ésta no es la única prerrogativa de la ONG. Sus guardias pueden detener a todo aquel, incluyendo los escasos pobladores locales de la zona, que traspase los límites de la reserva, e incluso elaborar los atestados describiendo la supuesta infracción.

No sólo eso, el acuerdo precisa en su artículo 3: “Considerando la situación compleja, con un gran nombre de furtivos, pastores y grupos armados ilegales procedentes de Sudán, que en su conjunto amenazan los últimos refugios naturales en RCA, el personal de lucha antifurtivos formado por Chinko Project estará armado y tendrá derecho, conforme a las leyes centroafricanas, a abrir fuego en caso de legítima defensa”.

El artículo 4 atribuye además a la organización “un derecho de utilización de la vida salvaje, de los recursos de la flora y la fauna conforme a la reglamentación centroafricana (…) También podrá  desarrollar actividades turísticas “sin que éstas estén limitadas a safari de pesca y caza deportivas”.

La ONG, que pide donativos en su página para financiarse, tendrá todos estos derechos sin “pagar ningún tipo de canon”. Según el director centroafricano de Áreas Protegidas, esta disposición ha sido anulada.

La web de Chinko Project pone el acento sobre la conservación de la vida natural. Sin embargo, en ningún momento se alude a lo que, según el dueño de CAWA, es otra de sus prioridades: poner nuevas especies a disposición de los ricos clientes de su empresa.

En un correo de Erik Mararv publicado en una web de cazadores, el dueño de CAWA explica: “Chinko Project está trabajando activamente para reabrir el cocodrilo en la República Centroafricana. Hay algunos cocodrilos muy grandes en la región y no cazarlos sería un desperdicio”. Luego prosigue: “Lo mismo con respecto al leopardo, que tenemos en gran número pero que no pueden ser exportados a los Estados Unidos. Éste es un asunto perseguido activamente por el Proyecto Chinko y, con un poco de suerte, pronto tendremos cuotas de leopardos y cocodrilos disponibles para americanos”.

Fuente: ElConfidencial.com