“Tenemos que tragar algunos sapos para resolver cincuenta años de conflicto”

José Crisanto Gómez, que es el paradigma de lo que significa ser una víctima en Colombia, confía en la voluntad de paz del Gobierno y la guerrilla. Ambos ...

José Crisanto Gómez, que es el paradigma de lo que significa ser una víctima en Colombia, confía en la voluntad de paz del Gobierno y la guerrilla. Ambos tienen mucho que compensarle después de una vida marcada por el desplazamiento, la persecución judicial, amenazas de muerte y cuatro años de cárcel por un crimen que el campesino cocalero no cometió: el secuestro de Emmanuel, el hijo de la abogada Clara Rojas que sufrió el cautiverio de las FARC. Hoy, cuando ve a sus victimarios chocar sus manos en La Habana, está completamente convencido de que Colombia “tiene que hacer ya un camino de perdón y desterrar el odio y la venganza”.

Gómez ya emprendió ese camino hace tiempo, incluso con el agravante que supuso para su seguridad ver su historia llevada al cine en la cinta “Operación E” y encarnado en Luis Tosar. “Ahora trabajo con 2.000 víctimas y soy integrante de la mesa de paz del departamento de Boyacá (en el centro del país)”, comenta a El Confidencial, y señala que el acuerdo sobre justicia, verdad, reparación y no repetición que anunciaron el miércoles el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, fue recibido “con gran alegría”. Eso sí, reconoce, tenemos que tragar algunos sapos para que no digan que no fuimos capaces de resolver cincuenta años de conflicto“. 

José Crisanto Gómez y el actor Luis Tosar, en el Festival de Cine de Cartagena de Indias. (EFE)José Crisanto Gómez y el actor Luis Tosar, en el Festival de Cine de Cartagena de Indias. (EFE)

El acuerdo en este punto simboliza la superación del mayor escollo que ha atravesado el proceso de paz colombiano desde su inicio en 2012, la asunción de  responsabilidades y el cumplimiento de penas por delitos de lesa humanidad tanto por la guerrilla como por el Estado, y además sirve de antesala de lo que será la firma definitiva de la paz en Colombia, prevista por Santos y “Timochenko” para dentro de seis meses. Frente a las victorias que se cantan en Twitter, desde el Gobierno y desde las cuentas de redes sociales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la calle este anuncio se vive con precauciones.

Para Mary Pabón, una limpiadora de Bogotá que no ha conocido su país en paz, la esperanza no está en la mera firma del 23 de marzo. “La verdad es que uno no puede creer hasta el día en que se entreguen las armas, como hizo en 1991 (la guerrilla desmovilizada) del M­19. Si no, es como siempre que firman un punto y siguen negociando, porque hemos visto que a veces no cumplen lo que prometen”, dice.

Desconfianzas e interrogantes

Según el sondeo publicado este jueves por la consultora Opinómetro Colombia, el 89% de los encuestados cree que los guerrilleros de las FARC no van a confesar todos los delitos que han cometido, frente a un tímido 6,1% que sí confía en la buena voluntad de los guerrilleros. Tampoco ha sido bien recibido, según esta encuesta, que a los jefes insurgentes se les conmuten las penas de cárcel por una reclusión especial.

Tenemos que tragar algunos sapos para resolver cincuenta años de conflicto

Precisamente la vaguedad de otros términos utilizados en el acuerdo de justicia son los que despiertan cierta indignación y abren numerosos interrogantes. La periodista María Isabel Magaña, bogotana y residente en Madrid, observa que no queda claro dónde purgarán sus penas los que reconozcan su culpabilidad, puesto que “el lugar y las condiciones del régimen no han sido acordadas todavía”. “Me suscitan desconfianza palabras como ‘dejación de armas’ en lugar de entrega, porque eso significa que pueden guardarlas en un cajón bajo llave”, cuestiona.

El acuerdo establece además que quienes confiesen los delitos más graves de manera temprana tendrán sanciones de “restricción efectiva de la libertad de 5 a 8 años” que pueden ser alternativas y contemplan labores como el desminado o la sustitución de cultivos ilícitos; quienes tarden en reconocer sus culpas, tendrán cárcel, pero quienes no lo hagan se enfrentarán a penas de prisión de hasta 20 años. El problema en Colombia, reflexiona Magaña, es que “cuando tratas de preguntar por estos detalles te llaman enemigo de la paz, se están polarizando los discursos”. Y eso, a su juicio, dificulta el ambiente de cara al gran desafío: la reconciliación en el postconflicto.

Preparados desde hace años

Mientras algunos consultados no detectan un compromiso firme del Gobierno con ese reto, la cantante Goyo cree que la ciudadanía va por delante. “Los colombianos nos venimos preparando desde muchos años atrás para la paz desde las organizaciones sociales, los barrios… En las ciudades del Pacífico ya se hace ese trabajo de cambio de mentalidad”, dice a El Confidencial la voz femenina de la banda ChocQuibTown, recién nominada a los Grammy Latino. Y es que estos embajadores del sonido urbano y del folclore del litoral Pacífico, uno de los más castigados por el conflicto, conocen de cerca el poder de la música y de las comunidades para hacer resistencia pacífica.

Un poco más al sur, también en el Pacífico pero encumbrado en las cordilleras andinas, el líder indígena Nelson Lemos, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN),  reflexiona sobre el futuro de estos pueblos que han vivido medio siglo bajo el fuego cruzado. Ante la posibilidad de que las unidades de las FARC en su territorio desobedezcan el mandato de La Habana y sigan inmersos en las hostilidades, exige que el Gobierno cumpla y garantice el respeto a la justicia indígena, el cual considera menoscabado desde la detención del líder aborigen Feliciano Valencia, acusado de un secuestro simple que en la cosmovisión de la etnia nasa se trató de un castigo o “remedio” a un soldado considerado infiltrado en una marcha indígena.

“Es supremamente grave en el marco de paz que el Estado esté actuando de esa manera, y lo peor, contra gente que está pensando de manera distinta. Hace falta más política de fondo para que se respeten los derechos de todos los colombianos”, concluye Lemos. En el futuro, hay tantos retos como Colombias.

Fuente: ElConfidencial.com