Trump permitirá volver a comerciar con “diamantes de sangre” y otros minerales

21.02.2017 – 05:00 H. – Actualizado: 8 H. En su afán por “hacer de nuevo grande a América”, el presidente estadounidense Donald Trump ha dado un paso ...
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21.02.201705:00 H. – Actualizado: 8 H.

En su afán por “hacer de nuevo grande a América”, el presidente estadounidense Donald Trump ha dado un paso más en eliminar todo aquello que cueste dinero a las empresas de su país, incluso si, según las organizaciones de derechos humanos, es a costa de vidas humanas en un lugar lejano: la República Democrática del Congo. Por ello, la nueva Administración norteamericana ha elaborado un borrador de orden ejecutiva que acabará con la norma legal que obligaba a las compañías de su país a controlar el origen de materias primas como el oro, los diamantes, el estaño, el tungsteno, el cobalto y el tantalio, este último extraído del coltan, materiales de alto valor añadido pues se utilizan en la industria aeroespacial y militar, la electrónica, la informática, la telefonía móvil y la alta joyería.

El objetivo de esta norma, la disposición 1502 de la ley Dodd-Frank, es que las compañías norteamericanas no compren los “minerales de conflicto”, también llamados “de sangre”, procedentes de Congo y sus países vecinos; es decir, aquellos que han servido para financiar el conflicto bélico en la zona de los Grandes Lagos de África y a los más de sesenta grupos armados aún activos en el este de la antigua colonia belga. Sólo entre 1998 y 2007, más de seis millones de personas murieron en el país africano a causa de dos guerras sucesivas que implicaron a nueve estados de la región.

En virtud de esta ley, aprobada en 2010 pero que empezó a aplicarse en 2014, las empresas tienen que investigar de dónde vienen los minerales y declarar si proceden de África central en un informe anual a la Comisión de Seguridad de las Transacciones (SEC por sus siglas en inglés), una institución oficial independiente cuyas tareas se pueden comparar con la Comisión del Mercado de Valores en España, pero que, en este caso, tiene atribuciones para monitorear la actividad empresarial de las compañías norteamericanas fuera de las fronteras del país.

En un borrador del decreto firmado por Trump, obtenido por el diario británico ‘The Guardian’, el nuevo Gobierno de EEUU propone la suspensión por dos años de este apartado 1502 de la ley Dodd-Frank. La suspensión, además, no parece que vaya a ser reversible, toda vez que el mismo documento anuncia ya que esa disposición será sustituida por un plan para “atajar las violaciones de derechos humanos y la financiación de grupos armados en Congo”.

El lobby más poderoso

La medida da satisfacción a un conservador grupo de presión industrial: la Asociación Nacional de Manufactureros (NAM), el más antiguo y poderoso lobby industrial de Estados Unidos que sólo en 2016 empleó casi 8,5 millones de dólares en labores de cabildeo en Washington. Desde la aprobación de la ley, esta asociación ha criticado a menudo los elevados costes que la aplicación completa de la disposición legal para atajar el comercio de minerales de conflicto podría imponer a las empresas estadounidenses, unos costes que el lobby eleva a entre 9.000 y 16.000 millones de dólares anuales, cifra para muchos sobrevalorada pues un estudio independiente de la consultoría Elm Associates, encargado por la Comisión de Seguridad de las Transacciones, consideró que dichos costes no superarían los 800 millones de dólares, una cantidad que se iría además reduciendo con el tiempo a medida que las empresas impusieran los mecanismos de transparencia que exige el punto 1502 de la ley Dodd-Frank.

Mineros artesanales trabajan en una mina de oro ilegal en Walungu, en la provincia congoleña de Kivu del Sur (Reuters). Mineros artesanales trabajan en una mina de oro ilegal en Walungu, en la provincia congoleña de Kivu del Sur (Reuters).

Si el lobby industrial norteamericano seguramente ha acogido con alborozo la filtración del borrador de Trump, las organizaciones de derechos humanos no se han mostrado tan entusiasmadas, pues temen el impacto que la anulación de la legislación sobre los minerales de sangre pueda tener en el conflicto congoleño y en las vidas de los habitantes del país africano. Por ejemplo, Human Rights Watch (HRW) ha advertido de que, de llegar a aplicarse, esta medida favorecerá un repunte de la actividad criminal de los grupos armados al amparo del vía libre de Trump a la compra a ciegas de minerales en Congo y sus países vecinos. HRW ha deplorado también que la decisión del nuevo presidente norteamericano amenace con dar al traste con los progresos que esta ley había propiciado en materia de responsabilidad corporativa y transparencia: “Desde su aplicación [del apartado 1502], grandes compañías como Apple, Intel, and Tiffany & Co han llevado a cabo esfuerzos efectivos para adaptarse a la ley. Otras empresas se han felicitado por la norma legal y asegurado que sus esfuerzos para asegurarse de que sus transacciones no financian conflictos forman ya parte de su modo de actuar.”

Un “desastre” para los congoleños

Aunque el conflicto bélico en Congo acabó oficialmente en 2003, la región este del país aún no ha conocido la paz y sigue presa de una economía de guerra que se ha financiado, entre otros mecanismos, a través de la explotación de minerales, el contrabando de estos valiosos recursos con países vecinos como Ruanda y Uganda y la extorsión a través de impuestos ilegales a los mineros que trabajan de forma artesanal. Los grupos armados han sido y aún son uno de los principales beneficiarios de esta economía de guerra que les ha permitido seguir activos y sembrar el terror en una población sometida a asesinatos, torturas de todo tipo, robos y violencia sexual. No han sido los únicos, también miembros corruptos de las fuerzas armadas congoleñas han estado implicados en terribles violaciones de derechos humanos y en el comercio y explotación ilegal de minerales.

Aunque en términos generales se considera que la ley Dodd-Frank ha sido pionera en introducir mecanismos de transparencia en la cadena de aprovisionamiento de las empresas que utilizan materias primas originarias de Congo, paradójicamente, uno de los argumentos defendidos en el borrador del decreto de Trump había sido avanzado también por activistas y expertos en el terreno en Congo, situados en las antípodas ideológicas del nuevo presidente de Estados Unidos. Este argumento consiste en señalar que la disposición legal que ahora se quiere eliminar ha tenido -citando el borrador de la nueva Administración norteamericana- “resultados inesperados” y no siempre deseables. Uno de esos resultados ha sido que más que atajar la actividad criminal de los actores armados en Congo –grupos armados, señores de la guerra y militares descarriados-, quienes han salido perjudicados por el punto 1502 de la ley Dodd-Frank han sido los pequeños mineros artesanales.

Estos trabajadores y trabajadoras- muchas mujeres, incluso embarazadas, y también niños trabajan en el sector minero- son los primeros que sufren la extorsión y los abusos de los actores armados. Para colmo, en los últimos años han visto cómo a sus deplorables condiciones laborales de semiesclavitud, se sumaban unos requisitos draconianos para que las minas en las que ganan a duras penas su pan recibieran la consideración de “verdes”; es decir libres de conflicto y de relación con los grupos armados, frente a aquellas explotaciones mineras consideradas “rojas”; esto es, controladas por las bandas criminales.

El sacerdote congoleño Jacques Nzumbu, autor de un libro sobre el Código Minero congoleño y experto en la cuestión, dibuja un retrato positivo en términos generales de la ley Dodd-Frank. Con matices. Por un lado recalca que esta norma ha obligado a la región de los Grandes Lagos y a la misma República Democrática del Congo a adoptar un Derecho minero que prevé normas de control, transparencia y certificación para los minerales que antes no existían. Por ello, su impacto en general ha sido “positivo”. Sin embargo, junto a los “progresos” que ha traído esta ley que “aún no puede ser evaluada pues su aplicación es demasiado reciente”, existe un lado negativo que el sacerdote resume en que la norma “no ha favorecido a los más humildes, sino a la gente grande”.

Quienes más han ganado han sido los militares y el Gobierno, que se han lucrado mucho. La razón es que la ley congoleña obliga a los mineros artesanales a constituirse en cooperativa para poder obtener las certificaciones necesarias [por ejemplo la de mina “verde” o “libre de conflicto”] y como los congoleños no tienen dinero para formar una cooperativa, quienes las forman son siempre los poderosos, que se lucran con ello”, explica el experto. Pese a ello, Nzumbu recalca los aspectos positivos de esta norma y define con una frase lo que sucederá si la Administración Trump la anula: “Un desastre para la población”.

En 2002 y 2003, varios grupos se enfrentaron por el control de una rica ciudad aurífera. “Los señores de la guerra masacraron a 2.000 civiles, llevaron a cabo ejecuciones sumarias, violaron y torturaron”“La primera gran consecuencia si se anula la ley Dodd-Frank-1502 será “un terrible agravamiento de la situación de los derechos humanos en Congo”, sostiene el sacerdote. Su posible desaparición “no sólo dará al traste con los progresos registrados hasta ahora” sino que provocará que el sector artesanal minero en Congo sea “ingobernable”, al eliminar las trabas para la explotación y comercio ilegal de estas materias primas por parte de grupos armados, con el consiguiente impacto en la población.

Frente a ello, este experto aboga por reforzar el control y luchar contra la explotación ilegal de minerales, en primer lugar desde Congo, y recomienda que el nuevo Código Minero del país, aún en proceso de reforma, tenga en cuenta no sólo las disposiciones que recoge la ley Dodd-Frank sino las buenas prácticas en materia de responsabilidad minera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa (OCDE).

La Casa Blanca no se ha pronunciado aún sobre la filtración de este borrador que recoge la polémica anulación del punto 1502 de la ley Dodd-Frank. Mientras tanto, para recordar lo que puede suceder si se vuelve al pasado y se da luz verde a que los grupos armados se enseñoreen de las minas, Human Rights Watch recuerda cómo, en 2002 y 2003, varios grupos se enfrentaron por el control de una rica ciudad aurífera en la región oriental de Ituri. La ciudad “cambió de manos cinco veces, los señores de la guerra masacraron a 2.000 civiles, llevaron a cabo ejecuciones sumarias, violaron, torturaron, abusaron de civiles y detuvieron arbitrariamente a personas a quienes consideraban sus enemigos. Decenas de miles de civiles se vieron obligados a huir de sus hogares, perdiendo gran parte o todo lo que poseían en los saqueos y la destrucción”.

Fuente: ElConfidencial.com

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